Dan Abner Barrera Rivera
Autor/ Author
Dan Abner Barrera Rivera Universidad de Costa Rica
Recibido: 29/07/2024 Aprobado: 13/10/2024 Publicado: 18/07/2025
Este artículo es una exposición acerca del neopentecostalismo como fenómeno religioso y político presente en América Latina. Se hace referencia al importante crecimiento que ha tenido en las últimas décadas, situación que pone en aprietos a la Iglesia Católica que, aunque ha disminuido su feligresía, todavía sigue siendo mayoría. Encontramos que, a diferencia de otras iglesias evangélicas, cuyo trabajo eclesial generalmente se limita a velar por sus miembros y a concentrase en sus templos, los neopentecostales quieren hacer del mundo su parroquia; por eso se organizan políticamente para participar y asumir cargos públicos en los poderes del Estado y administrarlos desde la perspectiva que se han formado del mundo, por las interpretaciones que hacen de la Biblia. Su aparición en una Centroamérica convulsa, en las décadas de los setenta y ochenta del siglo XX, fue para disputarle a los pastores, sacerdotes y representantes de la Teología de la Liberación Latinoamericana, el campo religioso, e influir desde ahí en el terreno político, pero con objetivos contrarios a los de esa teología. El neopentecostalismo creció y se extendió, y hoy se ha convertido en una fuerza significativa social y política que no puede ser menospreciada por otros actores políticos, y la sociedad en general debe conocer mejor acerca de ellos. Vemos que, en ese despliegue público, este fenómeno religioso y político encuentra coincidencias con el pensamiento económico neoliberal y con posiciones políticas morales conservadoras. Se puede encontrar que poseen una visión maniquea del mundo, que los conduce muchas veces a la intolerancia e irrespeto hacia quienes no tienen prácticas o creencias como ellos, particularmente en asuntos morales y bioéticos. Ante una situación así, surge el debate por la importancia de que nuestras sociedades cuenten con un Estado laico para beneficio de toda su población
En América Latina, los estudios y debates acerca de la relación entre la religión y la política habían estado mayormente circunscritos a la cercanía (y a veces distancia) de la Iglesia Católica en relación con el poder político de turno. Pero desde hace aproximadamente cuatro décadas ha surgido de las filas de la confesión evangélica, un nuevo fenómeno religioso, conocido como neopentecostalismo, el cual también tiene incidencia en la política y mucho más allá de ella. Hoy, esta situación, por ser novedosa (no había existido antes con esas dimensiones) y desafiante al sistema sociopolítico establecido, se ha convertido en motivo de investigaciones por parte de diferentes disciplinas sociales, como la antropología, la sociología, la politología, la teología, entre otras; pero muchas veces esos estudios han sido reducidos a un asunto de especialistas, que han ido construyendo una jerga al respecto. Este dato llama la atención, porque el neopentecostalismo expresado a través de sus congregaciones y partidos políticos, es una realidad que está presente a lo largo de América Latina, tanto en las grandes ciudades como en las zonas periféricas. Aunque son visibles para las personas de a pie, sin embargo, lo que se dice de ellos no siempre es conocido y comprensible. Además, el neopentecostalismo tiene una notoria cercanía a la gente a través de variados medios de comunicación, los cuales son potencializados con modernos recursos tecnológicos. Sin embargo, sigue siendo un fenómeno del que se conoce poco o parcialmente, más aún cuando sobre él se han creado muchos estereotipos, que obnubilan su comprensión. En este artículo exponemos algunas notas elementales sobre el neopentecostalismo y la política en América Latina, que toca aspectos como su presencia numérica y significativa en el continente, su participación y activismo político en varios países, los temas morales que son de su interés y que contravienen con la perspectiva de protección, garantía y reconocimiento de derechos humanos de poblaciones señaladas como minoritarias, los vínculos que teje con el neoliberalismo económico y el conservadurismo político. Al final se plantea la importancia o necesidad de contar con un Estado laico para evitar que las creencias religiosas particulares terminen creando un Estado con características teocráticas o confesionales.
Aunque entre las iglesias neopentecostales existen algunas pequeñas diferencias, de tipo celebrativo, o énfasis en los contenidos doctrinales, o en la arquitectura y ubicación social de sus templos, todas tienen en común el mensaje “cristiano”, identificado por una concepción radical sobre el “bien” y el “mal”. Esta característica puede interpretarse como una limitación religiosa que tiene importantes implicaciones sociales y políticas porque conduce a una visión maniquea, binaria y reducida de la realidad.
En América Latina, estas iglesias han experimentado un gran crecimiento numérico en las últimas décadas (García, 2014); los datos de Brasil, México y Argentina, los tres países más grandes de la región, así lo demuestran: a) En Brasil, la cantidad de personas que dicen pertenecer a uno de los grupos pentecostales está en constante crecimiento:
3,9 millones en 1980, 8,8 millones en 1991 y 18 millones en 2000. Llama la atención que mientras la tasa de variación media anual de los pentecostales observada de 1991 a 2000 crece un 8,3%, la población total solo aumenta un 2% en ese mismo período (Romero, 2003); 2). En México, país mayoritariamente católico, en las últimas décadas ha habido un descenso constante en el porcentaje de población católica, mientras que se ha dado un crecimiento exponencial de religiones no católicas, particularmente las iglesias evangélicas y pentecostales (Torre y Gutiérrez, 2007); y 3). En Argentina, pocos años después de la dictadura militar (1976-1983), hubo un avance del pentecostalismo; las iglesias pentecostales llenaron estadios y sus campañas evangelizadoras atrajeron una multitud de seguidores. Según algunas encuestas aplicadas a inicios de los años noventa, se muestra que, para esa fecha, los protestantes en general se aproximaban al 10% de la población; eso quiere decir que tuvo un incremento significativo comparado con el 2.6% que correspondía a 1960 (Míguez, 2001; Mallimaci, 2013). Solo se menciona aquí lo que sucede en estos tres países, pero el crecimiento del pentecostalismo está presente a lo largo de América Latina.
En el desarrollo que han tenido, estas iglesias defienden la familia ‘tradicional’,
de acuerdo con la interpretación que hacen de la Biblia, y rechazan en absoluto las uniones civiles de personas del mismo sexo, la homosexualidad, la fertilización in vitro, el aborto en cualquier circunstancia, la adopción de hijos por parte de parejas no heterosexuales, la legalización de la marihuana, entre otros. Pero estos temas o asuntos no se han quedado al interior de esas iglesias, sino que parte del discurso neopentecostal que se ha involucrado en la política partidaria en los últimos años, no estuvieron antes, en los mensajes y propuestas de los evangélicos que participaron de las campañas electorales en los años ochenta y noventa del siglo pasado; y tampoco ocupaban un lugar principal en los mensajes evangélicos de las otras iglesias cristianas, en sus reuniones dominicales.
El rechazo de estas iglesias a esos derechos de poblaciones minoritarias ha evidenciado, en el espacio público, un tipo de violencia escondida que contribuye con la creciente agresión física, verbal, emocional, laboral y religiosa contra la población no heterosexual y los activistas defensores de derechos humanos (Mott, 2000). Los neopentecostales que en distintas partes de América Latina participan en la política de forma organizada, buscan influir en el gobierno público a nivel nacional posicionando una moralidad religiosa respecto a los temas mencionados. Llevan sus creencias eclesiales y buscan imponerlas en un ámbito mayor, que no es eclesial, sino político.
Su participación en los procesos electorales ha aumentado en las últimas décadas, y ello es parte de la creciente ofensiva neoconservadora en América Latina. Incursionan con candidaturas propias o en alianzas con otros partidos y recurren al poder simbólico de lo religioso, relacionando las creencias de la fe con la elección de ofertas políticas (sociales, económicas y culturales). Encauzan, para sus fines políticos y religiosos, la desesperanza social de la gente creyente y no creyente, en un contexto de gran decepción hacia los partidos políticos tradicionales (que por varias décadas no les han dado respuestas a sus necesidades), y fusionan el poder de convicción y creencia de la predestinación religiosa de la salvación pos- existencial al discurso político de un porvenir moralizador y bíblico como redención terrenal (Calderón, 2017).
En América Latina, donde la crisis de los partidos políticos se profundizó desde los años noventa, muchas personas creyentes religiosas no se sentían ni atraídas ni representadas por esos partidos, y empezaron a identificarse con los evangélicos que ingresaron a la política partidaria; estos los atrajeron, entre otras razones, por el discurso moral semejante al que escuchaban en sus iglesias. La mayor identificación se ha dado cuando el candidato presidencial surge de las filas eclesiales. ¿Cómo no van a apoyar a sus pastores y líderes evangélicos si reciben de ellos apoyo espiritual, emocional, material y visitas pastorales a sus familias? Así, tienen la confianza de que quienes los representan como candidatos, no son políticos ajenos a sus creencias y saben que sus votos son decisivos para incidir directamente en la vida política de un país.
Los neopentecostales ven en las demandas y luchas de los grupos minoritarios en busca de reconocimiento de sus derechos, la degeneración moral de la sociedad, y se oponen y condenan esas prácticas por medio de prédicas y acciones fundamentalistas (Tamayo, 2009). En distintos países no es clara la legislación contra los ataques homófobos, y en algunos Congresos Legislativos los diputados o congresistas evangélicos defienden abiertamente el derecho a discriminar por orientación sexual. En Brasil, la homofobia vinculada a iglesias evangélicas ha sido estudiada en los últimos años (Natividade y de Olivera, 2009). En la reciente década, los crímenes contra miembros de la población LGBTIQ+ aumentaron en 10 países de América Latina (El Tiempo, 2018); por eso, las organizaciones de derechos humanos y los colectivos LGBTIQ+ reclaman para que se aprueben leyes específicas contra los crímenes de odio. Los estudios revelan que ha habido movilizaciones y contramovilizaciones frente a la institucionalización de los derechos de los grupos LGBTIQ+ en algunos países (López, 2018).
Esta situación en América Latina es un desafío a nivel social, político y cultural
porque este tipo de fundamentalismo se viene extendiendo, y lo hace negando una convivencia digna y pacífica. Está en juego el reconocimiento y legitimidad de derechos fundamentales de muchas personas.
El neopentecostalismo llegó a América Latina y se extendió rápidamente, y pronto se hizo presente en el escenario público, traspasando los límites tradicionales de los atrios eclesiales; su presencia en este ámbito fue a través de los partidos confesionales, los cuales usaron temas concernientes a los derechos humanos vistos en una perspectiva reduccionista (moralidad religiosa). El accionar de estos grupos religiosos en la vida pública se da emparentado con el conservadorismo político y el neoliberalismo económico.
América Latina en los años setenta y ochenta vivió tiempos difíciles. Hubo una acometida conservadora de corte fundamentalista de sectores políticos y religiosos, que estuvieron tras los pasos de los pedagogos de la Educación Popular (Sirvent, 2012) y de los teólogos latinoamericanos de la liberación. Se cuestionó, persiguió, silenció y censuró a varios dirigentes representativos de estas corrientes de pensamiento y a quienes simpatizaban con ellas. El Documento de Santa Fe (Grupo de Santa Fe, 1980) condensa las preocupaciones que tenía el gobierno de los Estados Unidos respecto
a la relación entre religión y política y lo que estaba sucediendo en Sudamérica y Centroamérica. Pero no solo fue una arremetida psicológica, simbólica o ideológica, sino que hubo casos de laicos y curas perseguidos, encarcelados, torturados, asesinados y desaparecidos; se les acusaba de “subversivos” y “comunistas” (Berryman, 1987). En estos hechos hubo una alianza entre el fundamentalismo religioso, el neoliberalismo económico y el neoconservadurismo político de la “era Reagan-Thatcher”. Concomitantemente, el largo pontificado de Juan Pablo II tuvo como eje de acción hacia América Latina su proyecto de “reevangelización” conservadora que sintonizaba muy bien con las preocupaciones de los Estados Unidos sobre América Latina (Houtart, 2005; Vega, 2003).
Desde esos años en adelante, ese contubernio religioso, económico y político, ha sido utilizado para mercantilizar la religión en sus diferentes manifestaciones, y en muchos casos ha logrado confundir los valores promovidos por el libre mercado, con los valores divulgados por la fe cristiana (Hinkelammert, 2017). De esta forma el neoliberalismo toma características de una religiosidad secular (Acosta, 2017) y nuevas formas religiosas asumen los valores que propicia el neoliberalismo. Hay una relación estrecha entre religión, economía y política.
Con el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979, volvieron a surgir esperanzas en los movimientos sociales, en los grupos de izquierda y en los sectores progresistas, por lograr transformaciones radicales en otros países centroamericanos, especialmente en Guatemala y El Salvador, donde importantes sectores que participaban de las luchas se encontraban animados y acompañados por el pensamiento de la Teología de la Liberación y la Educación Popular (Pedagogía de la Liberación). A partir de esos años, la región fue sometida desde los Estados Unidos, a lo que se conoció como una “guerra de baja intensidad (GBI)”, para tratar de acabar ideológica, religiosa y culturalmente con esas pretensiones de liberación. Es en ese contexto que se incubaron las iglesias evangélicas fundamentalistas en Centroamérica, y el neopentecostalismo empezó a tener un gran crecimiento, deviniendo en el siglo XXI en la formación de partidos confesionales con aspiraciones de ser gobierno y con una agenda política construida desde una moralidad religiosa, que limita, restringe y niega derechos humanos. Como dice Vega (2018, p. 7), se trata de una “gesta neoinquisitorial fundamentalista que, apelando a valores tradicionales de “familia” y orden “patriarcal”, se ha empeñado en negarles derechos fundamentales a las mujeres y a las personas con preferencias sexuales diversas, entre otros grupos”.
A diferencia de la tradición histórica de las iglesias pentecostales, de la cual
proceden los neopentecostales (Jaimes, 2012), cuya concepción acerca del mundo moderno era que éste contenía el mal, y se constituía en un lugar de maldad y perdición para la vida presente de las personas, por eso asumían una vida de recogimiento intimista y proyectaban su esperanza en el futuro celestial, más allá de esta tierra y de este mundo material (Pérez, 2017), el neopentecostalismo hace un quiebre con esa concepción religiosa tradicional del mundo y con esa manera de estar en la sociedad; irrumpe en esa tradición religiosa, y lo hace interesándose por los asuntos presentes de la sociedad moderna, con objetivos políticos, y participando en las decisiones públicas sobre asuntos de derechos humanos. Incursionan en la política de forma organizada a través de partidos confesionales, buscando colocar a
sus candidatos en los primeros poderes del Estado, y también a nivel local (municipal). Pero independientemente de que lograran ser elegidos en esos puestos públicos (en muchos casos lo han logrado), se constituyeron en un sujeto social en la política, en varios países de América Latina (Bastian, 1999).
En Costa Rica, en las elecciones de 2018, el cantante (salmista) evangélico neopentecostal y exdiputado, Fabricio Alvarado Muñoz del partido Restauración Nacional (RN) fue candidato a la presidencia, y logró el primer lugar con 538.504 (24,99%) de votación. Aunque se realizó una segunda vuelta (en abril del mismo año) ese partido obtuvo 14 curules de las 57 que conforman la Asamblea Legislativa (Tribunal Supremo de Elecciones, 2018). De los catorce diputados de RN, siete se presentaron como pastores evangélicos, lo que no significa que tuvieran estudios en teología (la mayoría de estos pastores carecen de formación bíblico-teológica seria), y una persona más de los elegidos dijo ser predicadora evangélica (Miranda, 2018). Con este número de diputados, este partido se convirtió en la segunda fuerza política en el Congreso. Un hecho inédito en la política costarricense.
El neopentecostalismo hace causa y casa común con el sistema neoliberal globalizado (Simbaña, 2013). Su presencia, desarrollo e impacto en América Latina, se da en un contexto en el que los países, en general, sufren una crisis política, social y económica, como resultado de las políticas neoliberales; un sistema económico, cuyo postulado principal de libre mercado ha logrado que las relaciones sociales, incluyendo los espacios y sectores religiosos estén dominados por la lógica de la competitividad, la eficiencia, el individualismo, el consumismo, la des-historización de la vida, la desesperanza y el fin de las utopías. En una situación de este tipo, las prácticas, creencias y propuestas del neopentecostalismo se convierten en sus aliados.
Ahora bien, su desarrollo y posicionamiento en la política en América Latina se dan en plena modernidad. Ésta, desde su consolidación, afirmó que la racionalidad había triunfado, y el orden y el progreso fueron exhibidos como valores fundamentales de la ideología liberal y positivista. Por eso, hubo la necesidad de contar con un aparato jurídico y político que reconociera y positivara esos derechos. Hoy puede entenderse que fueron logros importantes para la humanidad en el plano político y jurídico, y es difícil que sean reversibles. La propuesta teórica de los conceptos de libertad, derecho y justicia, con pretensiones de realización práctica, son claras expresiones de esta época moderna que alcanzan hasta nuestros días.
En las sociedades antiguas no era permitido un amplio despliegue de libertades individuales como ahora; por eso, estas libertades fueron exhibidas por el pensamiento de la Ilustración, como fundamento de una sociedad guiada por la razón. Más tarde, esas libertades a las que se aludía estarán emparentadas con la racionalidad del mercado, que pondrá de manifiesto la irracionalidad de su comportamiento y consecuencias. No puede ignorarse que la llamada sociedad moderna se desarrolló sobre formas de esclavitud y discriminación racial, poniendo en entredicho la proclamada democracia y libertades, para una considerable parte de la población esclavizada (Duchrow y Hinkelammert, 2003).
El neopentecostalismo, como fundamentalismo religioso, encuentra en sociedades desiguales y empobrecidas, el caldo de cultivo para afianzar su mensaje, a través de modernos recursos tecnológicos de comunicación y sus reuniones eclesiales,
presentándose como la “salvación”, ofreciendo, y no pocas veces obligando a la gente, desde esa concepción radical sobre el “bien” y el “mal”, a someterse a las “verdades eternas” de la Biblia (en realidad no son verdades eternas de la Biblia, sino de quienes hacen interpretaciones literales de ella), y a sus respectivas instituciones religiosas, incluyendo ahora a los propios dirigentes y partidos confesionales. Como dice Vega (2018, 5), “[…] ofrecen un reino de prosperidad en este y otros mundos, concediendo nuevas indulgencias a cambio de la entrega sacrificial en los altares de la iglesia, la patria, el estado, el mercado o el culto mediático”.
De esta forma, se constata que se está ante un fundamentalismo de corte teocrático y conservador que se conduce emparentado con el sistema económico capitalista neoliberal, ejerciendo una violencia ideológica, cultural, simbólica y política de avanzada (organizada en distintos países de América Latina).
En una época como estas, cuando se conquistaron algunos derechos, y en un contexto como el de América Latina, donde se niegan estos derechos, surgen algunas preguntas para quienes tienen interés de investigar sobre estos temas: ¿cuál ha sido el papel de la religión frente a estas realidades?, ¿ha contribuido a humanizar y garantizar derechos humanos?, ¿ha sabido afrontar los desafíos de la modernidad con respecto a los derechos humanos de estas personas o más bien se ha replegado en un fundamentalismo porque ve en la modernidad una amenaza? En sociedades modernas que se esperaría fueran cada vez más secularizadas, ¿qué puede aportar una creencia religiosa a las exigencias y los principios de la razón y el conocimiento de los seres humanos?
En América Latina, de cada cinco personas, una es evangélica y, en algunos países, es el doble (en Honduras o Guatemala el fenómeno se acentúa y los evangélicos igualan o superan en porcentaje a los católicos) (Lissardy, 2018); y aunque el número de los evangélicos sigue siendo menor que el de los católicos, de cualquier manera es una cantidad importante que ha empezado a llamar la atención de los estudiosos del fenómeno religioso en América Latina. A partir de los años ochenta, el crecimiento de estas iglesias ha sido exponencial. Se estima que en la actualidad podrían ser el 20% de los latinoamericanos (Sánchez, 2018). Históricamente, las iglesias protestantes empezaron a desarrollarse en América Latina con el surgimiento de las repúblicas; eso permitió la separación entre el Estado y la Iglesia Católica. Cuando se acentuó la libertad de cultos, se resquebrajó parcialmente la autoridad y el monopolio del catolicismo en asuntos religiosos. Pero el mayor crecimiento de las iglesias evangélicas en América Latina, especialmente las neopentecostales, fue en las últimas tres décadas. Según algunos informes, el número de evangélicos en el mundo es de 565 millones, y 107 millones se encuentran en América Latina y el Caribe, y existen más de 19 mil iglesias neopentecostales en la región (Saccone, 2016). Estos números indican un desplazamiento de la Iglesia Católica, otrora institución mediadora del poder simbólico de la fe religiosa de los latinoamericanos. Algunos estudios sostienen que la Iglesia Católica está perdiendo el monopolio de la fe (Díaz, 2013).
La religión, en tanto parte constitutiva de la cultura latinoamericana, cobra vital importancia, toda vez que a través de sus instituciones eclesiales está presente en la sociedad, ejerciendo una influencia importante en su feligresía y en la sociedad en general. Tanto sus creencias como sus prácticas eclesiales tienen consecuencias en la forma como se concibe al ser humano y al mundo. En asuntos de derechos humanos, las iglesias neopentecostales emiten un discurso religioso y político que reduce, limita y niega derechos. Estos grupos religiosos, a través de sus organizaciones, juegan un papel significativo en la validación, consolidación, modificación y negación de perspectivas sociales y humanas, y fungen como productores culturales y formadores de la opinión pública, y contribuyen, a través de su práctica eclesial, social, cultural y política, a la negación o no reconocimiento de los otros como personas por el hecho de pensar y actuar diferente; generan ausencias y limitaciones humanas por medio de la afirmación y negación de modos de vida.
En Costa Rica, al igual que en otros países latinoamericanos, el fenómeno
neopentecostal tiene alguna fuerza social y electoral, que ha removido la tradición democrática del país en los últimos años. En comparación con otros países, como Brasil o México, las investigaciones sobre las relaciones entre el neopentecostalismo y la política todavía son incipientes. En el caso de Costa Rica, con la aparición del neopentecostalismo, se conjugan en varios aspectos tres corrientes de pensamiento: el fundamentalismo religioso, el neoliberalismo económico y el neoconservadurismo político, que hacen alianza y muestran expresiones políticas, en la búsqueda de nuevas configuraciones sociales. Estamos ante una realidad donde hay evidentes manifestaciones de violación de derechos fundamentales, que se ejercen desde una relación de poder tanto religioso como político, violación que es naturalizada con discursos políticos y religiosos provenientes de la concepción del Derecho Natural, y que no contribuye a dar respuesta a las demandas que sobre derechos humanos existen hoy en las poblaciones minoritarias.
Llama la atención que la discriminación y violencia promovida por el
neopentecostalismo contra esta población, esté siendo justificada, legitimada y naturalizada en sociedades denominadas democráticas. Las manifestaciones de violencia y odio no tienen justificación, y atentan contra el respeto a las diferencias y a los derechos humanos que se quiere proteger y garantizar en América Latina.
De la vertiente pentecostal surge el neopentecostalismo, caracterizado por un fuerte énfasis en las profecías, la interpretación literal de la Biblia, hablar en lenguas, hacer sanidades, brindar prosperidad, ejecutar milagros, poseer niveles jerárquicos de personas llamadas a ejercer el poder (apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros). Algunos de los pilares que sustentan el movimiento neopentecostal son: la reinstauración de apóstoles en la tierra, la guerra espiritual y la teología de la prosperidad. Dentro de estas iglesias ha surgido la creencia del ‘Reino Ahora’, que significa que son llamados a instaurar el reino de Dios en la tierra; es el reino de la iglesia, que busca imponerse en todas las áreas de la sociedad. Desde esa perspectiva (guerra espiritual lo llaman ellos) piensan que se debe tener control del Estado para ponerlo a trabajar contra las fuerzas del diablo, que se manifiestan -entre otras formas- a través de las demandas de derechos humanos que hacen por ejemplo las personas LGTBIQ+, o las personas que están a favor de la interrupción del embarazo
y quienes abogan por la fecundación in vitro. Dentro de esta doctrina es necesario que los cristianos se apoderen de espacios públicos para defender la causa divina y limitar o eliminar la influencia del diablo (Avendaño, 2018).
Las elecciones presidenciales y parlamentarias en Costa Rica, en febrero de 2018, fueron un ejemplo más de la participación organizada de los grupos neopentecostales en la política electoral; lo hicieron a través del partido confesional Restauración Nacional que, como se dijo antes, tuvo como candidato a Fabricio Alvarado, declarado hijo espiritual del apóstol Rony Chaves (máximo líder neopentecostal). Dos semanas después de las primeras votaciones en las que Fabricio Alvarado quedó en primer lugar, en un culto dominical en la iglesia Centro Mundial de Adoración, el pastor Rony Chaves Jr., hijo del Apóstol Chaves, desde el púlpito realizaba más que una afirmación religiosa, pues efectuaba una declaración política frontal: “Estamos en guerra, estamos a la ofensiva. Ya no a la defensiva. La iglesia por mucho tiempo ha estado metida en una cueva esperando ver qué hace el enemigo, pero hoy está a la ofensiva, entendiendo que es tiempo de conquistar el territorio, tiempo de tomar posición de los lugares del Gobierno, de la educación y de la economía” (Murillo, 2018). En ambas rondas electorales, las declaraciones y los discursos de campaña de Fabricio Alvarado tuvieron una mezcla de religión y política, con un rechazo absoluto a los derechos de las personas LGBTIQ, al aborto en todas sus modalidades y hasta la educación sexual laica en escuelas y colegios (Nájar, 2018).
El neopentecostalismo es una nueva expresión del pentecostalismo, con capacidad para adecuarse a las distintas transformaciones sociales como la modernización, la sociedad tradicional o la globalización. Conservan algunas prácticas del pentecostalismo como el bautismo del Espíritu Santo, la guerra espiritual, las sanidades, entre otros; pero tiene nuevos elementos, como las mega-iglesias, el abandono de la actitud apolítica, la mercantilización del culto, la adhesión a la teología de la prosperidad y su posicionamiento en el mundo con el objetivo de transformarlo en lugar de apartarse de él; explotan los medios de comunicación, adoptan una estructura empresarial, participan en la política, construyen redes transnacionales, desarrollan liturgias basadas en las curaciones, y utilizan la telepredicación (Tec-López, 2020).
La feligresía asume una conducta activa en la sociedad porque creen que Dios les dará éxito. Así refuerzan la personalidad individual y el modo de participar de una realidad socioeconómica cambiante y difícil. En un mundo capitalista globalizado y neoliberal que produce excluidos sociales, esta es una forma de inserción social. Estos creyentes son aptos para un mercado que exige adaptación, flexibilidad, espíritu de riesgo y hasta tendencias consumistas (Mardones, 2005). Sus iglesias profesan la fe en que es posible prosperar si la gente se lo propone, creen que la pobreza es resultado de la desidia individual. La idea de la prosperidad y el esfuerzo individual son centrales, y se usan para atraer fieles de diferentes condiciones sociales; se constituye así en un aliado del discurso dominante neoliberal en los países latinoamericanos, porque refuerza la estructuración de una cultura individualista y emprendedora, que le resta importancia al papel del Estado en la distribución de la riqueza, la protección ambiental, la defensa y garantía de derechos, la justicia social o la democratización.
El neoliberalismo, como ideología política y económica, replantea la concepción del liberalismo clásico respecto a la economía y el papel del Estado. Es la ideología que los sectores económicamente más pudientes utilizaron desde finales de los años setenta del siglo XX contra los trabajadores y contra el Estado democrático social; se trata de una ideología que asaltó política y teóricamente al Estado y los mercados regulados (Bresser, 2009); o sea, la propuesta neoliberal es desregulación de los mercados y castigo a la fuerza de trabajo. Pero el neoliberalismo es mucho más que una ideología, como dice Gallardo (2007); es también una sensibilidad dominante y de dominación. La diferencia estriba que mientras una ideología establece identificaciones particulares desde el ejercicio del poder, la sensibilidad de dominación representa una internalización, casi acabada, de un repertorio de conceptos y valores (antiestatismo, antiigualitarismo, competitividad, eficiencia, racionalidad mercantil, crecimiento económico, entre otros). Esta sensibilidad produce una ética, en la cual el empobrecido es culpable, los trabajadores son fragmentados y los derechos civiles son desagregados. En estas condiciones socioeconómicas, las iglesias neopentecostales, con sus discursos religiosos y sus prácticas políticas, crecen, se fortalecen y se emparentan con los postulados neoliberales.
Ante la arremetida neopentecostal contra los derechos humanos, es importante entender que estos no se limitan a las normas establecidas en declaraciones, tratados, convenciones o acuerdos internacionales. Los derechos humanos tienen que ser entendidos desde una perspectiva crítica latinoamericana, que los concibe como procesos sociohistóricos y contra hegemónicos, que cuestionan la racionalidad moderna, el universalismo y el garantismo impuesto. Los derechos humanos no deben limitarse al orden jurídico (nacional o internacional), sino que deben transcender a la praxis socio política e histórica. Desde un enfoque crítico, los derechos humanos son procesos históricos de lucha, donde las verdades las ponen las prácticas sociales que intentan conseguir el acceso de todas y todos a los bienes materiales e inmateriales que se han ido conquistando en el proceso de humanización (Herrera, 2005). Hoy, el sistema capitalista con Estados liberales y neoliberales potencia el ordenamiento jurídico para la liberación del mercado y la globalización, y produce mayores polarizaciones sociales, y se impone la racionalidad económica, donde todo se comercializa, se mercantilizan los cuerpos y se cosifican los seres humanos. En una situación así, los Estados no se han configurado como Estados de derecho, sino que son más bien máquinas patrimoniales o rentistas y clientelares, incapaces de reconocer o construir derechos humanos ya sea directamente o creando las condiciones para que ellos se generen, desplieguen y fortalezcan (Gallardo, 2010). Desde la perspectiva crítica, los derechos humanos, más que derechos “propiamente dichos”, son procesos; son resultado, siempre provisional, de las luchas que las personas ponen en práctica para poder acceder a los bienes necesarios para la vida (Gándara, 2013).
Relacionado con lo anterior, está el derecho de minorías que son los que se
aplican a los integrantes y colectivos de grupos minoritarios por su condición étnica, de clase, religión, lingüísticas o sexo, y también los derechos colectivos consentidos a
grupos minoritarios (Duarte, 2018). Entre esos grupos están, por ejemplo, las personas que reciben un trato discriminatorio por su orientación sexual (no heterosexual), los padres que quieren tener hijos por la vía de la fecundación in vitro, las mujeres que quieren tener derecho a decidir sobre su propio cuerpo, las personas del mismo sexo que quieren tener el derecho a casarse, o las parejas no heterosexuales que quieren adoptar niños, entre otros. El derecho de minorías tiene dos dimensiones: la primera, que a estos grupos minoritarias les asiste que sus derechos les sean reconocidos y garantizados (no se trata de ningún privilegio); en segundo lugar, tiene que ver con el rechazo a cualquier tipo de estigmatización u odio contra estas personas.
Ante un fenómeno religioso con dimensiones políticas como el neopentecostalismo, cobra importancia la necesidad de contar con un Estado laico; eso significa que éste, en materia de religión, es neutral, es decir, ni se apoya ni se opone, ya sea de manera explícita o implícita a ninguna confesión religiosa. La expresión Estado laico señala la separación entre el Estado y la religión. Esto contiene dos elementos que están unidos o que se complementan: primero, que el Estado es totalmente independiente de toda confesión religiosa y de toda iglesia; segundo, admite que las religiones sean completamente libres en relación con el Estado (Vallarino, 2009). En la búsqueda de preservar el orden público, el Estado laico puede aprobar leyes para crear límites a las religiones y a las iglesias, sin que eso signifique inmiscuirse en su dominio propio; es decir, el Estado laico “[…] se opone a que las autoridades de alguna confesión religiosa traspasen los límites de su poder espiritual para ejercer un poder temporal de dominación en la esfera pública” (Escuela de Filosofía, 2011, 124). A su vez, las religiones e iglesias pueden pedir respeto de su libertad y exigir al Estado protección y seguridad para el desempeño de sus actividades, sin interferir en los asuntos públicos.
Un Estado laico no es un Estado ateo; es una autoridad política que reconoce,
tutela y legitima la libertad de conciencia, la libertad religiosa y la libertad de creencia para todas las personas sin distinción, y no discrimina porque valora las expresiones de esas creencias personales o colectivas. Por tratarse de un Estado laico, protege la libertad de todas las creencias religiosas y practicas espirituales, pero eso no significa que el Estado tenga que sufragar los gastos que implica el mantenimiento de sus instituciones, celebraciones y personal (Arroyo, 2017).
Un Estado laico pondría límites a que, desde cualquier confesión religiosa, credo, fe, libro sagrado o en nombre de algún Dios, se intente establecer un gobierno con tintes teocráticos en algún país. Así, agrupaciones religiosas y políticas como la de los neopentecostales tendrían que distinguir y respetar las fronteras entre lo religioso y lo político; no sería aceptable llevar mis creencias para imponerlas al resto de la sociedad, que no comparte esas creencias.
Como se indica en el título de este artículo, aquí nos propusimos ofrecer algunos apuntes con respecto al neopentecostalismo y su relación con la política. Un primer resultado es que estamos ante un fenómeno social internacional, que no solo es religioso sino también político, y que crece cuantitativamente y se extiende por toda América Latina. De manera que no es un asunto menor, y dada su tendencia y aspiración a buscar incidir en la vida pública de la sociedad, merece seguir siendo estudiado por las implicaciones que eso tiene.
En segundo lugar, es un hecho sui generis, porque nunca en las filas o en la historia de los evangélicos, había aparecido una agrupación así, que se constituyera en un partido confesional con una agenda propia y que la utilice como plataforma para participar en la política; esto marca la diferencia entre el neopentecostalismo y las otras iglesias evangélicas. Una tercera conclusión es que esta corriente religiosa y política, en su afán salvacionista de la sociedad, promueve entre sus miembros prácticas como el individualismo, el emprendedurismo, la competencia, etc., que coinciden con los razonamientos que impulsa el pensamiento neoliberal.
Otra conclusión es que la predicación y defensa de su agenda moral, encuentra aliados en los sectores neoconservadores de la Iglesia Católica y en la sociedad tradicional en general; esto hace posible que tengan apoyo para las contiendas electorales, y obtengan escaños legislativos para sus candidatos. Un quinto resultado al que se llega consiste en que poseen una perspectiva maniquea (el bien versus el mal) y polarizada del mundo, la sociedad y las personas; esto no permite tender puentes de diálogo, y mucho menos arribar a acuerdos para construir comunidad, que es un elemento esencial de la política. Y finalmente, se observan algunas señales que indican que el interés por obtener los primeros poderes del Estado sería para que este sea teocrático, de acuerdo con lo que ellos interpretan en la Biblia. Esta situación les posibilitaría, entre otras medidas, restringir, negar o limitar derechos humanos, por ejemplo, a los grupos considerados minoritarios.
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