Dina Espinosa Brilla | Ana Arguedas Ramírez
Autor/ Author
Dina Espinosa Brilla Universidad de Costa Rica
Ana Arguedas Ramírez Universidad Nacional de Costa Rica
Correo: ana.arguedas. ramirez@una.cr
Recibido: 03/12/2024 Aprobado: 14/12/2024 Publicado: 29/01/2025
La niñez y la adolescencia es una población que de por sí, se ve limitada en el ejercicio de sus derechos humanos, ya que depende de un sistema de apoyo para hacer valer sus derechos, es decir, el entorno familiar, la sociedad y el Estado. Con frecuencia, esta población se ve discriminada o limitada para disfrutar plenamente de sus derechos humanos, esto en función de otras condiciones alienantes que imponen las sociedades; lo cual hace que los niños, las niñas y las(os) adolescentes queden expuestos a situaciones vulnerables diversas, la cuales se superponen entre sí para aumentar la condición de desventaja o exclusión del disfrute pleno de sus derechos. Entre estas situaciones está la condición de ser personas con discapacidad y diversidad funcional. Por ellos, en este trabajo, se aborda esta problemática, con énfasis en las limitaciones de información que existen sobre el tema.
La niñez y la adolescencia es una población que de por sí, se ve limitada en el ejercicio de sus derechos humanos, ya que depende de un sistema de apoyo para hacer valer sus derechos, es decir, el entorno familiar, la sociedad y el Estado. Con frecuencia, esta población se ve discriminada o limitada para disfrutar plenamente sus derechos, esto en función de otras condiciones alienantes que imponen las sociedades, y hace que los niños, las niñas y las(os) adolescentes queden expuestos a situaciones vulnerables variadas y que se suman. Entre estas situaciones está la condición de ser personas con discapacidad.
En Costa Rica, en las últimas décadas, el enfoque de derechos ha promovido legislación y desarrollo de políticas públicas dirigidas a garantizar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, acciones importantes que responden a la necesidad de reconocer y facilitar la diversidad y funcionalidad de esta población.
La ratificación de tratados internacionales, especialmente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la promulgación de leyes como La ley No 7600, de Igualdad de Oportunidades para personas con discapacidad como marco legal fundamental en el país, evidencian el esfuerzo y compromiso nacional por crear un entorno sin discriminación, que garantice el acceso inclusivo en sectores como la educación, el empleo, la salud y el transporte.
Con la ratificación de la Convención sobre los derechos del niño (1989), la adopción del Código de la Niñez y Adolescencia de Costa Rica, en 1998, y la Política Nacional en Discapacidad (2011-2021), el país reafirma su compromiso con la protección y bienestar de la población menor de edad. Estos documentos incluyen artículos clave que abordan, de manera específica, la inclusión y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. No obstante, a pesar del avance en el marco legal y políticas públicas que ha realizado el país para proteger los derechos de las personas con discapacidad, especialmente la población menor de edad con discapacidad, quedan barreras significativas para lograr su inclusión real y efectiva en los diferentes ámbitos. Una de ellas, la ausencia de datos específicos sobre la situación de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, lo que dificultad la formulación de políticas públicas que atiendan de manera efectiva las necesidades de esta población.
La situación en discapacidad que viven muchas personas es una condición que puede adquirirse desde el nacimiento, que es lo que se enfoca como diversidad funcional, así como a lo largo de la vida, ya sea de manera transitoria o permanente. Si bien el concepto de discapacidad engloba la diversidad funcional, este última destaca las capacidades diferentes que existen en las personas. También en la diversidad funcional se puede especificar la diversidad sensorial.
Las diferentes formas en que se ha conceptualizado el término a través de la historia determinan la conducta y actitud social que se tiene hacia las personas con discapacidad
En el modelo médico las causas que justifican la discapacidad ya no son religiosas sino, científicas, se alude a la discapacidad como enfermedad y se considera que la persona con discapacidad puede aportar a la sociedad siempre y cuando sean rehabilitadas y logren parecerse a las demás, para tener valor como personas (Ripollés, 2008: 67. En Hernández Ríos, 2015, 48).
y diversidad funcional (Bonilla, 2019; Ferrante, 2017). El enfoque de las décadas sesenta y setenta del siglo XX se centró en la búsqueda de una autonomía e independencia de estas personas; sin embargo, la definición de la discapacidad obedecía a un enfoque médico que, si bien desmitificaba la situación de discapacidad vista como mágica, peyorativa y excluyente en el pasado, la considera una condición con una salud disminuida, llámese “deficiencia” (inoperancia), “discapacidad” (disfuncionalidad), o “minusvalía” (desventaja):
En contraposición, el modelo social hace énfasis en el aporte a la sociedad que pueden hacer las personas en situación de discapacidad. De ahí la necesidad de que exista un marco legal y condiciones estructurales que posibiliten a todas las personas desarrollarse de manera integral, puesto que la discriminación o vulnerabilidad no está en la persona con discapacidad, sino en la sociedad que la rechaza. Por ejemplo, el “diseño universal” es para beneficio de todos, desde una perspectiva inclusiva, y no una condición exclusiva de las personas en situación de discapacidad. Este modelo social contribuyó a la búsqueda de mayor autonomía, participación, adaptabilidad y desarrollo de las capacidades de las personas, por lo cual se privilegia el uso del término de “diversidad funcional” sobre el de discapacidad.
[…] la discapacidad como un fenómeno multidimensional, porque integra aspectos biomédicos y sociales en los que se incluyen todas las personas independientemente de que tengan discapacidad o no (Seoane, 2011, 148). En dicha clasificación, la discapacidad está determinada no por la condición médica de una persona, sino por las barreras físicas y sociales que el entorno le impone por razón de su condición especial, y que le impiden integrarse adecuadamente y funcionar hábilmente en la sociedad. (Hernández Ríos, 2015, 49).
A pesar de los avances que el modelo social enfatizó, no incorporó el aspecto médico de la discapacidad; por ello, la Organización Mundial de la Salud (2001), cambió la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF, 2001) orientada hacia el modelo biopsicosocial:
El modelo biopsicosocial reconoce la necesidad de minimizar las barreras que limitan a las personas con diversidad funcional. Este cambio de enfoque se desarrolla en el siglo XXI. Ya en la década de los años ochenta, el sistema de Naciones Unidas impulsó un programa para las personas con discapacidad, que parte de la definición de la discapacidad como “[...] la relación entre las personas con deficiencias y su entorno” (Naciones Unidas, 1993, 6; Hernández, 2015, 53). Este programa impulsó la participación, la igualdad y el mejoramiento de las condiciones de vida (desarrollo económico y social) de las personas en situación de discapacidad. Lo más relevante de este proceso es la normalización de una serie de declaratorias y convenciones (Carta Internacional de Derechos Humanos que comprende la Declaración Internacional
de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos de los Niños y la Declaración contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Naciones Unidas, 1993, 8; En Hernández, 2015, 54) que refuerzan el enfoque de derechos de las personas con discapacidad que se plasma en la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (2006), principal tratado internacional que garantiza los derechos de las personas con discapacidad, incluyendo el acceso a la educación inclusiva, la salud, la habilitación y rehabilitación, y la participación plena en la vida social y comunitaria. Esta convención procura “[...] disminuir la profunda desventaja social de la persona con discapacidad y promover su participación en igualdad de oportunidades, en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural (Parra, 2010, 350; Hernández, 2015, 55).
En el enfoque de derechos, el acceso al trabajo es un componente esencial para
A ese respecto, en la resolución 63/150 de la Asamblea se pide al Secretario General que otorgue mayor prioridad a las preocupaciones y problemas relativos a las personas con discapacidad y a su inclusión en el programa de trabajo del sistema de las Naciones Unidas, y que asegure que el World Programme of Population and Housing Censuses (Programa Mundial de Censos de Población y Vivienda) de 2010 incorpore la perspectiva de las personas con discapacidad. (ONU, 2015).
reconocer el talento y preparación a la que las personas con discapacidad deben tener acceso:
El cambio de enfoque de la condición de “enfermedad” hacia el de “diversidad” y de “funcionalidad” hace ver la situación de discapacidad como un problema social que se debe atender, y no como una particularidad de la persona:
El concepto genérico global de la discapacidad en clave del modelo de derechos, implica dejar de considerar la persona con discapacidad como objeto de medidas asistenciales, de beneficencia o caridad y reconoce su condición de sujeto de derechos. Es en este contexto donde las normas de integración social, específicamente las relacionadas con la inclusión y la protección laboral y en general las normas para la igualdad de oportunidades adquieren mayor relevancia (Seoane, 2011, 4; en Hernández, 201, 56-57).
Los problemas a los que se enfrenta la población con discapacidad suscitaron que los Estados, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y otras instituciones impulsaran leyes, normas, políticas, para proteger y garantizar los derechos de las personas con discapacidad (Meléndez, 2018).
La Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, en el 2008, ratificada por 175 países, procura “[…] disminuir la profunda desventaja social de la persona con discapacidad y promover su participación en igualdad de oportunidades,
en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural” (Parra, 2010, 350; Hernández,
2015, 55).
En Costa Rica, históricamente, las personas con discapacidad enfrentan barreras significativas para acceder a la educación, salud y otros derechos fundamentales; no obstante, desde la perspectiva del enfoque de derechos, el país ha venido generando un marco legal que da lugar a transformaciones conducentes a salvaguardar el reconocimiento de la diversidad y de facilitar la funcionalidad de esta población.
En Costa Rica, la Encueta Nacional sobre Discapacidad (ENADIS) (INEC, 2023) arroja datos relevantes sobre la población con discapacidad en el país, pero solamente incluye personas mayores de 18 años.
Cuadro 1: Costa Rica. Población adulta según situación y grado de discapacidad, octubre y noviembre 2018 y 2023 | |||||
Situación y grado de discapacidad | 2018a/ | 2023 | |||
Absolutos | Relativos | Absolutos | Relativos | ||
Total | 3 677 833 | 100,0 | 3 941 700 | 100,0 | |
Personas sin discapacidad | 3 058 056 | 83,1 | 3 265 390 | 82,8 | |
Personas con discapacidad | 619 777 | 16,9 | 676 310 | 17,2 | |
Leve a moderada | 150 284 | 4,1 | 192 373 | 4,9 | |
Severa | 469 493 | 12,8 | 483 937 | 12,3 | |
Fuente: INEC, 2023.
Con la ratificación de tratados internacionales como la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad (1999), la Convención sobre los derechos del niño (1989) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2008, el país reafirma su compromiso en la defensa de los derechos humanos de esta población.
Este esfuerzo se puede apreciar en la generación de legislación y políticas nacionales que se alinean con los estándares internacionales de inclusión. La ley N°7600 Ley de Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad aprobada en 1996, marco legal fundamental en el país, para la promoción de la igualdad de derechos de las personas con discapacidad y garantizar el acceso a la educación, la salud, el empleo y el transporte sin discriminación. La ley N°9303 (2015) que da lugar a la creación del Consejo Nacional de Persona con Discapacidad (CONAPDIS), adjudicándole “[...] la fiscalización del cumplimiento de la legislación relativa a los derechos de las personas con discapacidad, la gestión de la Política Nacional sobre
Al adherirse a estas convenciones, promulgar sus propias leyes y crear las instituciones relacionadas, el Estado Costarricense sigue el fin general de adoptar las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que resulten necesarias para proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad. El propósito añadido es crear las instituciones pertinentes e instrumentar las políticas públicas adecuadas para la inclusión de las personas con discapacidad en la vida económica, social, jurídica, política y cultural de la nación, en condiciones de igualdad de oportunidades, de acceso y de calidad similares a la del resto de la población. (11-12).
Discapacidad y la promoción de políticas inclusivas, mediante la articulación con diversos sectores, entre otras” (Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2018, 5), cuyo antecedente fue el (CNREE) en 1973. Así como en la Ley No. 9379 (2016) para la Promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad. La Política Nacional en Discapacidad (2011-2021) que instaura un marco político estratégico para el cumplimiento efectivo de los derechos de esta población. El reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad marca un cambio significativo en las políticas públicas dirigidas a este grupo, coordinando acciones gubernamentales para transformar la manera en que se aborda la inclusión de esta población en nuestro país. Tal como lo resume claramente Meléndez (2018):
A pesar de estos avances, queda un largo camino por recorrer. La brecha entre el marco legal y la realidad sigue siendo significativa, y persisten desafíos para lograr una garantía real de los derechos de esta población, por lo que es fundamental continuar promoviendo medidas efectivas de inclusión que se traduzcan en acciones concretas que mejoren la vida de las personas con discapacidad en todos los ámbitos.
Los esfuerzos realizados por el país en la atención de los derechos de las personas en situación de discapacidad, y en particular la niñez y adolescencia que se encuentra en esta situación, muestran un avance significativo. Un triunfo patente de las personas con discapacidad ha sido el respeto por la diversidad, al lograr que el entorno tome conciencia con respecto a que “La discapacidad es una condición intrínseca a todos los seres humanos. Un continuo que evoluciona según lo hace la vida, etapas y oportunidades de cada persona”. (CONAPDIS, 2021, 12).
Con el fin de construir un modelo de desarrollo inclusivo, que permita a todas las personas tener acceso a sus derechos, es relevante visibilizar a la población de personas con discapacidad, y en particular, a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en esta situación, lo cual es un pendiente urgente que debe atender nuestro país. Abordar esta necesidad permitiría orientar estrategias efectivas, desde la educación temprana hasta el diseño universal y el uso de herramientas tecnológicas, para facilitar su plena inclusión. Para ello es necesario contar con diversos instrumentos de diagnóstico y acciones que permitan avanzar en esta dirección.
En el 2006, el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE), la Agencia de Colaboración Internacional de Japón (JICA), junto con el Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, realizaron un estudio que analizó la información que las instituciones públicas podían suministrar sobre las necesidades básicas y oportunidades de la población en situación de discapacidad, cuya
[…] para el 2005 se encontraban matriculados un total de 15.667 estudiantes con alguna discapacidad en Atención Directa, otros 42.121 estudiantes fueron atendidos por medio de Servicios de Apoyo Fijo y 14.102 por medio de Apoyo Itinerante. En el 2004 fueron atendidos 13.612 estudiantes por medio de Atención Directa, en el mismo año un total de 3.364 docentes atendían a estos estudiantes. Se refiere a la atención de estudiantes de escuelas y colegios, población atendida por docente. No obstante, son evidentes las diferencias entre las Direcciones Regionales del MEP (CNREE/JICA/OdD-UCR, 2006, 5).
finalidad fue la planificación estratégica en coordinación con los Ministerios de Salud, Educación, Trabajo y Seguridad Social. Incluyó las condiciones de educación, vivienda y asentamientos humanos, información y comunicación, salud, trabajo y seguridad social, a partir de los datos oficiales suministrados por las instituciones públicas, para un total de 157 indicadores. Esta investigación arrojó cuatro productos: “[…] 1) la recolección de datos, 2) una base de contactos, 3) un diagnóstico de las estadísticas existentes sobre discapacidad en varias instituciones visitadas y 4) las hojas metodológicas de cada indicador” (CNREE/JICA/OdD-UCR, 2006, 5). Este estudio sí incluyó a personas en situación de discapacidad menores de 18 años, en particular al incluir el estudiantado del Ministerio de Educación Pública:
La ENADIS dimensiona diversos temas de interés como: características sociodemográficas, (sexo, edad, educación, lugar de nacimiento, estado conyugal, condición de aseguramiento, uso de tecnología) empleo e ingresos, condición de salud, asistencia personal, productos de apoyo, participación política y social, tiempo libre, percepción de discriminación, salud sexual, acceso a la información, violencia, entre otros (INEC, 2019).
El primer instrumento estadístico que se realizó en el país fue la Encuesta Nacional sobre Discapacidad 2018 (ENADIS) (INEC, 2019), la cual midió la prevalencia y características de la discapacidad para orientar la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, en función de lograr una mayor autonomía de estas personas:
En el censo de 2011, un estudio realizado por el proyecto Sistema de Información Estadística de Niñez y Adolescencia (conocido como SIEDNA de la Escuela de Estadística de la UCR, pero ya cerrado), UNICEF e INEC reveló que la principal causa de discapacidad en niños, niñas y adolescentes es la dificultad visual, que afecta al 43% de quienes reportaron alguna discapacidad, seguida por la discapacidad intelectual, con un 24,2%. Los distritos con mayor número de NNA con discapacidad son Pavas y Hatillo, en San José, y Limón.
La Encuesta de Mujeres, Niñez y Adolescencia (EMNA) de 2018 actualizó estos datos, centrándose en dificultades funcionales en dos grupos etarios: de 2 a 4 años y de 5 a 17 años. Esta encuesta, basada en información proporcionada por madres y cuidadores, identificó varias áreas de dificultad. Para los menores de cinco años, las áreas evaluadas incluyeron vista, audición y comunicación, mientras que para los de 5 a 17 años se consideraron también el autocuidado, la ansiedad y la depresión.
Según la EMNA 2018, de 226.804 niños de 2 a 4 años, el 4.2% presentó dificultades
en la comunicación, siendo más frecuente en niños (6%) y en la provincia de Limón (6.1%). Para el grupo de 5 a 17 años, el 8.5% mostró dificultades por ansiedad, con mayor incidencia en hombres (9.3%) y en la provincia de Alajuela (11.6%). La mayor prevalencia se observó en el grupo de 5 a 9 años.
En el informe del 2018 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se presentaron los avances nacionales logrados en materia de la promoción, defensa y cumplimiento de los derechos y obligaciones de la población con discapacidad.
El informe destaca las medidas que el país ha tomado para proteger y apoyar a niños, niñas y adolescentes con discapacidad. La Agenda Nacional para la Niñez y la Adolescencia ha establecido metas como evitar el maltrato, abandono e institucionalización de menores con discapacidad. El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CNNA) elaboró una batería de indicadores inclusivos para el Sistema de Indicadores de Niñez y Adolescencia (SINA) que se ha cumplido al 100%. Aunque el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) no tiene programas específicos para violencia estructural contra personas con discapacidad, en colaboración con UNICEF, Paniamor y el sistema de emergencia 911, mejoró la respuesta de esta plataforma para menores en riesgo, especialmente para personas sordas.
También se han implementado ayudas para el cuidado y desarrollo de menores con discapacidad, incluyendo beneficios en la Red Nacional de Cuido. En 2018, el CEN- CINAI y el PANI reportaron apoyo nutricional y económico a niños con discapacidad. Además, el PANI ha desarrollado mecanismos de monitoreo de denuncias a través de la plataforma INFOPANI y cuenta con un equipo interdisciplinario para atender a menores en albergues.
El PANI avanza en mecanismos de consulta a organizaciones de personas con discapacidad y, por su parte, el CNNA, con la asesoría del CONAPDIS, está revisando el Código de la Niñez y la Adolescencia para incluir un enfoque inclusivo y de modelo social de discapacidad.
El informe menciona medidas que desde el Ministerio de Educación Pública se han realizado para garantizar una educación inclusiva de calidad a todas las personas estudiantes con discapacidad, mediante un decreto del 2018 que establece un sistema educativo inclusivo y equitativo en todos los niveles. Las principales acciones incluyen la transformación gradual de centros de educación especial en centros de recursos de apoyo, el cambio de las aulas integradas a servicios de apoyo educativo, y el traslado de estudiantes con discapacidad a la educación regular. Se ha implementado el Diseño Universal para el Aprendizaje y políticas de accesibilidad física, cumpliendo con la Ley N°7600 en el 66% de los centros educativos.
También ha desarrollado servicios educativos para niños con discapacidad o en riesgo desde el nacimiento hasta los 6 años, y servicios de apoyo en todos los niveles educativos. Además, se han establecido centros especializados en pedagogía hospitalaria en el Hospital Nacional de Niños y en el Centro de Apoyo Infanto Juvenil Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. El Instituto Helen Keller se ha transformado en el Centro Nacional de Educación Helen Keller, con un currículo por competencias. Según el decreto N°40955-MEP, estas transformaciones, que incluyen convertir las aulas integradas en servicios de apoyo educativo, deberán
completarse en un plazo de 10 años, creando un sistema educativo más inclusivo para los estudiantes con discapacidad.
Recopilar datos desagregados que reflejen el modelo de derechos humanos sobre las personas con discapacidad y que consulte a las organizaciones de personas con discapacidad sobre los criterios que se emplean en la recolección de dichos datos. Así mismo, le recomienda sistematizar la recopilación, el análisis y la difusión de datos estadísticos considerando la situación de sectores específicos de personas con discapacidad” (Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. (2018, 35).
De manera particular, lo referente a datos y estadísticas, el informe lo que indica la necesidad de atender las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de Naciones Unidas, en relación con:
Costa Rica instauró el Sistema Costarricense de Información sobre Discapacidad (SICID), bajo la coordinación del CONAPDIS. Consiste en una plataforma de acceso abierto que integra y distribuye información institucional y de investigación sobre discapacidad y derechos humanos. Cuenta con una Red Nacional de Información que incluye entidades públicas, ONG, sector privado y otros organismos estatales para asegurar una gestión integral de los datos.
El SICID ha creado un Subsistema de Estadísticas e Indicadores para recopilar y analizar datos sobre discapacidad en Costa Rica. Este subsistema incluye las estadísticas que a nivel nacional se han realizado. La Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENADIS), elaborada en conjunto con el INEC en 2018, permite evaluar el cumplimiento de compromisos nacionales e internacionales. La Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), desde el 2011 incorpora una pregunta sobre discapacidad, así como otras encuestas temáticas. Asimismo, se encuentra el Censo 2020, en el cual se consultó a personas con discapacidad para mejorar la medición, usando la metodología del Grupo de Washington. Además, existe un sistema de indicadores que proporciona, precisamente, indicadores estructurales (ratificación de instrumentos legales), de proceso (políticas y programas), y de resultado (logro de derechos) para medir el estado de los derechos de las personas con discapacidad en distintos ámbitos.
Como se puede observar, los niños, niñas y adolescentes en situación de
discapacidad son una población que requiere monitorio, ya no solamente desde la perspectiva de ser un segmento de población en el tanto menores de edad, sino con énfasis en determinar si sus dificultades funcionales están siendo debidamente atendidas, en especial, dentro de la estructura de las instituciones públicas y sistemas de apoyo a la niñez y la adolescencia previstas por el Estado costarricense.
En comparación con los niños sin discapacidad, los niños con discapacidad tienen:
un 24% menos de probabilidades de recibir una atención temprana y
receptiva;
un 42% menos de probabilidades de tener conocimientos básicos de
lectura, escritura y aritmética;
un 25% más de probabilidades de sufrir emaciación y un 34% más de
probabilidades de sufrir retraso en el crecimiento;
un 53% más de probabilidades de sufrir síntomas de infección respiratoria
aguda;
un 49% más de probabilidades de no haber asistido nunca a la escuela;
un 47% más de probabilidades de no asistir a la escuela primaria, un 33% más de probabilidades de no asistir al primer ciclo de secundaria y un 27% más de probabilidades de no asistir al segundo ciclo de secundaria;
un 51% más de probabilidades de sentirse infeliz;
un 41% más de probabilidades de sentirse discriminado;
un 32% más de probabilidades de sufrir castigos corporales graves (UNICEF. Nota de prensa, New York,10 noviembre 2021).
La estrategia que UNICEF propone implica considerar la relación entre pobreza y discapacidad, de manera de que no se superpongan limitaciones que compliquen aún más el acceso de todos los niños, niñas y adolescentes con discapacidad a sus derechos; en particular, en lo que se refiere a nutrición, acceso a los servicios de salud, a la escuela, a la participación política activa, y que se les tenga en cuenta para los planes de emergencia y contingencia de situaciones de crisis.
A pesar de los esfuerzos realizados, persiste un desafío clave en la atención a los derechos de la niñez y adolescencia con discapacidad en Costa Rica. Existe una falta de datos estadísticos desagregados que aborden específicamente la situación de esta población en el país, para un análisis profundo de su situación. Este vacío, al impedir una comprensión completa de las necesidades específicas de esta población, limita la formulación de políticas inclusivas basadas en derechos humanos. Además, atender esta situación resulta crucial no solo para recopilar información más detallada, sino también para involucrar a las organizaciones de personas con discapacidad en el establecimiento de criterios para la recolección de estos datos. Nuestra investigación subraya precisamente esta carencia, con el fin de evidenciar la urgencia de contar con un sistema de información que permita dar respuesta efectiva a los desafíos pendientes en derechos e inclusión de niños, niñas y adolescentes con discapacidad.
Esta población, que requiere atención particular, no solo necesita ser monitoreada
ya no solamente desde la perspectiva de ser un segmento de población en el tanto menores de edad, sino con énfasis en determinar si sus dificultades funcionales están siendo debidamente atendidas, en especial, dentro de la estructura de las instituciones públicas y sistemas de apoyo a la niñez y la adolescencia previstas por el Estado costarricense. La falta de datos específicos limita la capacidad de comprender y abordar sus necesidades reales y poder desarrollar políticas adecuadas, lo que subraya la importancia de seguir fortaleciendo el sistema de información y la recopilación de datos en este ámbito.
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, en su informe de observaciones a los datos presentados por Costa Rica, hace referencia a la falta de estadísticas precisas y actualizadas respecto a las personas con discapacidad y recomienda que el país desarrolle e implemente un sistema integral de recolección de datos que incluya estadísticas desagregadas por tipo de discapacidad, género, edad y ubicación geográfica. No solo para identificar las necesidades de las personas
con discapacidad, sino que también facilite el monitoreo del cumplimiento efectivo de sus derechos a nivel nacional.
El panorama actual de la niñez y adolescencia con discapacidad en Costa Rica refleja avances significativos en legislación y políticas públicas, alineados con los estándares internacionales que han impulsado estas mejoras. Sin embargo, la ausencia de datos específicos sobre esta población representa un reto considerable para la formulación de políticas públicas atinentes. Sin datos específicos y actualizados de la cantidad y tipo de discapacidades presentes en esta población, resulta difícil diseñar programas de intervención temprana que puedan abordar sus necesidades, así como realizar un seguimiento oportuno de su inclusión educativa y social. La recopilación de datos desagregados sobre menores de edad permitiría, por ejemplo, identificar patrones de exclusión en el sistema educativo, de salud y responder con políticas efectivas. Además, contar con datos precisos y específicos podría impulsar la creación de programas que promuevan el desarrollo integral y la autonomía de estos menores en sus diferentes etapas de vida, asegurando que los apoyos necesarios estén presentes desde la infancia hasta la adultez; elementos indispensables para avanzar hacia una sociedad más inclusiva, en el que no solo se protejan sus derechos, sino también cambiar la percepción social y cultural hacia una inclusión efectiva.
La vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes requiere
atención, es un desafío que debe ser atendido por políticas públicas que desarrollen acciones oportunas. Por ello, es necesario que las personas encargadas de diseñarlas se apoyen en evidencia científica para que las acciones implementadas logren el impacto esperado. Resulta indispensable continuar y fortalecer las acciones mancomunadas con otras instituciones públicas y privadas que se ocupan de esta materia, mediante espacios de conversación y reflexión, los que, además de favorecer los vínculos de cooperación, sean esencialmente generadores de iniciativas, proyectos conjuntos y de colaboración que resulten en un aporte propositivo al desarrollo de procesos y acciones concretas para potenciar una transformación positiva de nuestra sociedad en beneficio de las personas menores de edad. El esfuerzo por evidenciar las problemáticas y estrategias que las instituciones públicas en general, y las universidades públicas en particular, han ido destacando en su interés de visualizar la situación de la niñez y la adolescencia en Costa Rica, constituye una necesidad imperiosa para la búsqueda de las mejores soluciones.
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