Álvaro Carvajal Villaplana
Este artículo hace un diagnóstico del desarrollo de los indicadores de las poblaciones vulnerables de niñas, niños y adolescentes de la diversidad sexual, los afrodescendientes y los indígenas. Para ello se revisan y analizan una serie de documentos intergubernamentales y gubernamentales, así como investigaciones específicas con el propositivo de determinar cuál es el avance alcanzado. El diagnóstico concluye que no existen tales indicadores. No obstante, pueden identificarse algunos avances en la preparación de indicadores para la población adulta de dichos grupos de población, en particular la población indígena, mas no así para la población afrodescendiente; mucho menos en indicadores específicos para los niños, niñas y adolescentes de dichas poblaciones vulnerables; salvo para la niñez y la adolescencia de la diversidad sexual que se ha desarrollado algunos propuestas a nivel teórico. Por lo que habría que realizar esfuerzo para obtener dichos indicadores.
Autor/ Author
Álvaro Carvajal Villaplana Universidad de Costa Rica
Correo: alvaro.carvajal@ hotmail.com; alvaro. carvajal@ucr.ac.cr
Recibido: 12/11/2024 Aprobado: 14/12/2024 Publicado: 29/01/2025
En Costa Rica no existen indicadores específicos sobre las poblaciones de las niñas, niños y adolescentes que permitan considerar el estado de los derechos de dichas poblaciones, aunque, a veces el gobierno por intermedio de la Oficina de Estadísticas y Censos han hecho segregaciones de datos de tales poblaciones. En este sentido contar con indicadores es una manera de cumplir con los compromisos asumidos por el país para hacer efectiva el reconocimiento y la visibilización de dichas poblaciones más vulnerables.
En tal sentido contar con estadísticas o indicadores puede apoyar la toma de decisiones por intermedio de las políticas públicas, lo cual conlleva mostrar -de manera general- las condiciones y necesidades de los más desfavorecidos. Este proceso supone una desagregación de los datos que, por lo general, no se destaca o no se reporta. Sin embargo, en materia de derechos humanos, estos segmentos de población deben indagarse con especial atención, para poder conocer y atender sus necesidades específicas. Por ello, es necesario replantear o introducir indicadores particulares que den cuenta de su situación. En este trabajo se hace una revisión de los indicadores y los esfuerzos de sistematización en Costa Ria para algunas de esas poblaciones de NNA LGBTIQ+, afrodescendiente, indígena.
Para este trabajo se toman diferentes estudios oficiales de organizamos internacionales y gubernamentales, así como investigaciones específicas sobre el tema. Se realiza un discusión conceptual y teórica de los puntos de partida de la elaboración de los indicadores, se presentan los problemas que tienen la elaboración de los indicadores, se indican las propuestas.
El artículo se divide en tres apartados: el primero se refiere a la población menor de edad de la diversidad sexual o LGBTIQ+, el segundo a población indígena y el último a la afrodescendiente. Por último se resaltan algunos resultados de la la investigación.
Para este apartado se consultaron 21 estudios, de estos 7 están referidos a la construcción o uso de indicadores, otros 14 son informes; algunos elaboran categorías para agrupar datos o denuncias, otros son trabajos más teóricos. Del total de dichos estudios 10, se dedican a personas adultas, de estos 5 son informes y 5 se dirigen a la elaboración de indicadores. Otros 8 estudios refieren a niños, niñas y adolescentes LGBTIQ+, solo 2 tratan de la elaboración de indicadores para la niñez y la adolescencia, y 6 para adultos. Tres estudios son mixtos abordan tanto a personas adultas como la niñez y la adolescencia.
Tal descripción es indicadora de un esfuerzo por visualizar en las estadísticas, los indicadores y los informes la situación de la población de la diversidad sexual (LGBTIQ+). También, refleja la dificultad de representación estadística de tal población, ya que no se recogen datos de forma sistemática por parte de los Estados. Por otra
parte, varios de los estudios consultados son específicos, se orientan a contextos determinados o son cualitativos. A la vez algunos hacen un esfuerzo para la elaboración de categorías e indicadores para recoger estos datos.
[…] la recolección de datos sobre las personas LGBTI y la recopilación de estadísticas oficiales sobre la violencia a que están sometidas son instrumentos esenciales para visibilizar los desafíos que estas personas enfrentan y garantizar una respuesta efectiva de los Estados frente al reconocimiento de sus derechos […] (2018, 34).
Aunado a lo anterior, en el Sistema Internacional de Derechos Humanos existe una exigencia hacia los Estados para realizar todos los esfuerzos posibles para visualizar de manera estadística a dicha población. A este respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos asevera que
Esto para poder tomar decisiones políticas para enfrentar la discriminación de
dicha población, con base en datos confiables que visibilicen su situación.
En dicho documento, la CIDH (2018) indica que en los documentos oficiales de los países miembros de la OEA no se reflejan la realidad de la complejidad de las problemáticas que vive esta población, ya que existe poca denuncia, lo cual a su vez es un desafío para la región. Así, reitera que la “[…] crucial importancia de los mecanismos inadecuados de recolección de datos para comprender y apoyar en el diseño de políticas públicas efectivas dirigidas a combatir las violaciones de derechos humanos contra las personas LGBTI” (CIDH, 2018, 4). Por tal razón, la CIDH reitera a los Estados que deben “[…] realizar esfuerzos y asignar recursos suficientes para recolectar y analizar datos estadísticos desagregados de manera sistemática respecto de la prevalencia y naturaleza de la violencia y la discriminación por prejuicio contra las personas LGBTI, o aquellas percibidas como tales […]” (36). A la vez, deben asegurar que tales “[…] estadísticas estén desagregadas respecto de personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex, así como por factores como la raza, etnia, edad, condición migratoria y situación de desplazamiento, condición de discapacidad y situación socioeconómica, entre otros […]” (36).
Para la CIDH es importante la recolección y análisis de datos que demuestren la
inclusión efectiva de las personas de la diversidad sexual por medio de las políticas
“[…] la recolección de informaciones debe ser basada en el respeto a las especificidades y sensibilidades de las personas LGBTI y llevada a cabo por personal debidamente capacitado y sensible a la diversidad de orientación sexual, identidad de género -real o percibida-, y a la diversidad corporal (2018, 36).
implementadas. Además,
El Grupo Protocolo de Trabajo de San Salvador, de la OEA, en el escrito Midiendo todas las brechas. Guía para la operacionalización de los indicadores del Protocolo de San Salvador desde una mirada Transversal LGBTI (2019), está en sintonía con lo establecido por la CIDH, este documento indica de la obligación de los Estados de captar o producir información en torno al cumplimiento de los derechos humanos de la población LGBTIQ+; por lo que insta a los Estados a diseñar instrumentos de
recolección de datos para la diversidad sexual para facilitar los informes periódicos. Al respecto cita a la IIDH en el caso Claudio Reyes y otros vs Chile (Resolución 19.11.2006, Serie C Nº151), en el que se reconoce el derecho al acceso a la información, el que toda información este bajo custodia, administración y tenencia del Estado. La información que el Estado produce o está obligado a producir y la que está bajo poder de quien administra los servicios y los fondos públicos
[…] la recolección de información estadística que permita determinar el impacto que tienen las acciones realizadas por el Estado costarricense para garantizar y proteger los derechos humanos [de la población LGBTI], es una deuda que tiene el país” y, por lo tanto, “no es posible brindar [dicha] información” […] (2018, 37).
En este sentido el Estado de Costa Rica, informó a la CIDH que:
Si bien esta exigencia de elaboración de indicadores parece referirse más a los adultos, varias ONG, resaltan esta misma exigencia en el caso de la niñez y la adolescencia LGBTIQ+, es el caso de lnforme del Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (EDNA), de la Universidad de Costa Rica año 2019. Dicho informe se organiza en áreas de derechos: cumplimiento, supervivencia, desarrollo, protección y participación. En principio cada área conforma un capítulo del libro, y debería comprender aspectos como: legislación, normativa, situaciones concretas, políticas, los datos correspondientes. En el informe se destaca que no en todas las áreas ni en los distintos indicadores que presentan para la niñez y la adolescencia se existen datos segregados ni específicos sobre esta población, lo que implica que no un hay registro sistemático sobre dicha población, lo que implica una manera de invisibilidad la situación de sus derechos. Por otra parte, este tema es objeto de estudio del OBINA. Varias Organismos No Gubernamentales, ante la necesidad de rendir informes sobre la situación de los derechos de la población LGBTIQ+, han realizado propuestas no estatales para elaboración de categorías e indicadores, muchos de ellos con uso de categorías amplias, empero no representan un esfuerzo técnico por elaborar indicadores. Por ejemplo, el informe DPEEAF (Chinchilla y otros, 2018), comprende temas como relaciones de pareja, reconocimiento de familias y patrimoniales, identidad de género, discriminación laboral, derecho a la salud (con varias subcategorías), derecho a la educación, migración, violencia, cultura de la democracia, cambio cultural, la interseccionalidad. Una ONG como Movilh de Chile realiza encuestas y sondeos dirigidos a adolescentes, a partir de temas específicos, es importante para el desarrollo de indicadores revisar las propuestas de esa organizaciones. Esas encuestas se hacen a poblaciones adolescentes, en la metodología se indica que se aplican a la salida de los centros de enseñanza, y no se menciona el consentimiento informado. Por su parte, la ONG COGAM, señala la dificultad para realiza encuestas a adolescentes, orientadas a la homofobia. El documento especifíca las dificultades para realizar investigaciones cuantitativas, ya que se trata de un universo no identificado, por lo que más bien lo que hacen son investigaciones cualitativas que permiten poner rostro humano a la realidad de muchos jóvenes y adolescentes (2006, 14).
El grupo de Protocolo de Trabajo de San Salvador, de la OEA, en el escrito
Midiendo todas las brechas. Guía para la operacionalización de los indicadores del Protocolo de San Salvador desde una mirada Transversal LGBTI (2019). Se propone ejemplificar la operacionalización de los indicadores de proceso sobre el cumplimiento de derechos humanos de la población LGBTIQ+, los cuales se presentan de manera transversal (grupos de riesgo y vulnerabilidad); con un total de 714 indicadores de proceso cuantitativos y sociales de progreso cualitativo con base en la convención americana (2019, 11). De manera semejante a otros organismos intergubernamentales, se definen algunas categorías como sexo, características sexuales, expresión de género, heteronormatividad, cisnormatividad, sistema binario sexo/género.
[…] la orientación sexual, la identidad de género son categorías protegidas por la convención [Convención Americana de Derechos Humanos]. Por esto está proscrita por la Convención cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual, identidad de género de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por parte particulares, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual, su identidad de género y/o su expresión de género (CIDH, 2018, 27-28).
Es importante recordar según como lo indica el texto de la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH), Avances y desafíos hacia el reconocimiento de derechos de personas LGBTIQ+ en las Américas (2018) que estos grupos están bajo protección del sistema interamericano de derechos humanos, lo cual queda explicitado en la Resolución OC-24/17:
A la vez dicho documento de seguridad humana y el principio de no discriminación. En este sentido, Stang, (2018) considera de importancia la demanda de información, así como la visibilidad estadística de la población LGBTIQ+, desde diversas instancias e instrumentos del sistema internacional de derechos humanos. La CEPAL realizó un análisis sobre los intentos en varios países de incluir variables e indicadores en las encuestas y las estadísticas estatales de los países en torno a la población LGBTIQ+, estos son los casos de Chile, México, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, Noruega y Reino Unido (2019, Diapositiva 10). En este estudio se muestra la dificultad para recoger estos datos, empero, esto no es óbice para hacer el esfuerzo, y las experiencias permiten evaluar de mejor manera dicha incorporación de indicadores. Entre los problemas para la visibilidad estadística se encuentran los siguientes:
Dificultades para visibilidad estadística debidas a barreras que obstaculizan la expresión pública de formas sexo-genéricas no heteronormativas e inhiben autoidentificación en instrumentos estadísticos. Necesidad de cambios socioculturales, y medidas de política que no necesariamente requieren dimensionar a este grupo de la población.
Ausencia de experiencias de medición censal, y cifras muy pequeñas en encuestas.
Estudios que muestran complejidades en torno a esta medición: dificultad de comprensión de categorías de respuesta; riesgo de introducir sesgos en otros datos a partir de la incorporación de las preguntas; decisión deliberada de ciertos grupos de no responder sobre estos aspectos
(privacidad o posicionamiento político); riesgo para las demandas del colectivo por escasa captación.
Discusión sobre estos temas conduce a reflexionar respecto de qué se está́ preguntando en la consulta central habitualmente denominada “Sexo”, y su abordaje binario (Stang, CEPAL, 2018, diapositiva 11 y 12).
En todo el caso, el texto ofrece ejemplos de esfuerzos para la inclusión en la estadísticas, censos y encuestas de variables o indicadores relativos a los derechos de la diversidad sexual, por ejemplo, la incorporación de la identidad de género en las encuestas del Ministerio de Salud de Uruguay. En otros instrumentos aparecen algunas variables como “nombre de uso oficial”, “identidad de género”, “hombre”, “mujer”, “trans”, “hombres trans”, “identidad indefinida”, etc.
En relación con esta ausencia de indicadores, el Informe DPEEAF (Chinhilla, y
La normativa antidiscriminación es reciente, las acciones que desarrollan las instituciones públicas no se consolida satisfactoriamente, por lo que existe un vacío en información estadística sobre los avances institucionales en población trabajadora y usuaria LGBTI, promoción de igualdad, denuncias, avances en el cumplimiento de diferentes normativas, entre otros temas (2018, 21).
otros, 2018), para el caso de Costa Rica, lo justifica de la siguiente manera:
Por su parte, el PNUD (2018) en Conjunto de indicadores propuesto para el índice de inclusión LGBTIQ+ elabora una propuesta de Indicador Mundial de Inclusión de la Diversidad Sexual, un proceso que inició en el 2015 y en el 2017 comienza su elaboración, se base en 5 dimensiones de la libertad humana, ellas son:
Salud.
Bienestar económico.
Educación.
Participación política y civil.
Seguridad personal y violencia (2).
También se definen conceptos como orientación sexual, la identidad de género, expresión de género y características sexuales. Aunque se habla de condición de sexual. El PNUD (2018) ha llamado a este indicador como Índice de Inclusión LGBTIQ+,
[…] es medir la inclusión en todos los países y ofrecer varias perspectivas sobre los datos: comparar el grado general de inclusión entre países; medir los avances en cuanto a la inclusión que se han producido a lo largo del tiempo dentro de países o regiones o a nivel mundial; establecer parámetros de referencia para que los países puedan alcanzar nuevos niveles de inclusión; mostrar en qué lugar se necesitan más recursos para habilitar y apoyar el desarrollo humano sostenible para las personas de la comunidad LGBTI, según se desprenda de las mediciones de resultados del índice.
Estas finalidades, que otorgan prioridad a las comparaciones entre países y a lo largo del
cuya finalidad es
tiempo, son los objetivos principales utilizados para justificación (2018, 6).
Además, dicho indicador se corresponde con el compromiso adquiridos, por la Agenda 20-30, “Nadie se queda Atrás”, de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), aunque esta población no se menciona en la ODS.
Los criterios para elegir los indicadores son: la relevancia de la inclusión, el desglose por grupos, el obtener indicadores para todos los grupos de población de la diversidad sexual, relevancia en los distintos países, utilidad y comunicabilidad y facilidad de medir el indicador. Además, diferencia entre indicadores de oportunidad (determinadas condiciones o leyes que facilitarán la apertura de distintos sectores y tener acceso) y resultados (lograr un fin determinado en determinado nivel, por ejemplo, salud, etc.) (PNUD, 2018). Se propone tener un indicador universal (toda la población, indicaría la inclusión) y específicos. Se usarían subíndices.
Los problemas que se plantean son: ¿cómo proteger la privacidad?, ¿cómo se utilizarán los indicadores y el índice? y ¿cómo se garantiza la calidad de los datos? (PNUD, 2018, 11).
1. Educación. 1.1. Entornos de aprendizaje. 1.1.1. Tasa de acoso escolar. 1.1.2. Política contra el acoso escolar. 1.1.3. Implementación de política contra la violencia. 1.2. Acceso a la educación.
1.2.1. Política contra la discriminación: estudiantes. 1.2.2. Implementación de una política contra la discriminación. 1.2.3. Nivel educativo (13-14).
En cada dimensión habría indicadores y subíndices, solo como ejemplo, obsérvese lo siguiente:
La idea de 714 indicadores que propone la OEA parece excesiva, y de difícil manejo, la propuesta del PNUD de elaborar un índice universal que comprende las 5 dimensiones, con varios indicadores, parece una propuesta más viable. Se parece más a la propuesta de UNICEF y el EDNA de las 5 dimensiones como ya se enunció, cada uno con sus indicadores. Por eso habría que ver la posibilidad de hacer un trabajo en esta línea, siguiendo a la vez los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La elaboración de indicadores entorno a la población de los niños, niñas y adolescentes se inscribe en el contexto general del desarrollo de estadísticas para la población afrodescendiente en su conjunto, tal como lo indican la mayoría de los documentos e investigaciones consultadas. De tal manera que partir de la obtención de datos de la población afrodescendiente, se derivan los datos de la población de niños, niñas y adolescentes afrodescendientes, esta es la tendencia general.
Por otra parte, para la construcción de la estadística se tiene un debate conceptual y metodológico en torno a las categorías y su significado. Este debate es de interés tanto para la aplicación a nivel nacional como para realizar los estudios estandarizados a nivel Latinoamericano, por cuanto se requiere la unificación de conceptos, criterios y metodologías para obtener información precisa y objetiva. En el caso de Costa Rica
-en términos generales- se han seguido las líneas de visualización estadística de dicha población, aunque todavía no de manera sistemática, como se analizará. En el caso de la niñez y la adolescencia no se han desarrollado indicadores específicos. Por otra parte, las discusiones teóricas, planteamientos metodológicos y documentos son compartidos con la población indígena. Aquí también es válido lo indicado por Saúl Sánchez Jiménez sobre los 5 aspectos de condición de discriminación.
Si se tiene en consideración la perspectiva regional, la investigación de Saúl Sánchez Jiménez (2016) resume en 5 aspectos de la condición de discriminación de la población afrodescendiente compartida por la población afrodescendiente de Latinoamérica y, por ende, para Costa Rica. Estos aspectos son: (a) discriminación, (b) invisibilización (estadística), (c) desconocimiento del sistema de derechos humanos,
(d) desatención y reconocimiento jurídico (2016). Según el punto (b) cabe destacar que la invisibilización estadística es una forma de discriminación y de no reconocimiento de las poblaciones afrodescendientes. Tal invisibilidad es parte de las demandas de reconocimiento de estos grupos (CEPAL, 2019).
También, existen múltiples niveles de discriminación, así como una estrecha relación entre pobreza-raza (etnia) y raza-clase (OEA, 2011). Por su parte, la CEPAL/ UNFPA considera que, con los datos existentes -aunque todavía heterogéneos- puede afirmarse que “[…] las personas afrodescendientes son una de las poblaciones que han sido dejadas atrás en la reforma de los beneficios del desarrollo” (CEPAL/INFPA, 2020, 11). Dicho informe considera que las desigualdades étnico-raciales son formas de los ejes estructurados de la matriz estructurada de la desigualdad en América Latina y el racismo, por lo que se trata de un elemento central de la cultura de privilegio que aún persiste y que se reproduce en nuestros países. Ese estudio elabora una matriz de las dimensiones de la desigualdad (21).
Antes del año 2000, en la mayoría de los países latinoamericanos no se contaba con estadísticas, tampoco había un criterio homogéneo de identificación para dicha población, asimismo, no domina la idea de la desagregación de datos. Lo anterior salvo la excepción de unos pocos países que usaban categorías “raciales” para identificar grupos, aspectos fenotípicos, la percepción del encuestador, entre otros. Por tal razón, la demanda de contar con estadísticas entorno a la población afrodescendiente fue asumida por el Sistema Internacional de Naciones Unidas y del Organización de Estados Americanos, organismos que comienzan la promoción de una serie de iniciativas para incluir en las encuestas nacionales la desagregación estadística por autoidentificación de los afrodescendiente e indígenas. En Latinoamericana estas iniciativas se concretan en la encuesta del 2000, llamada Ronda 2000 y en el 2010 se profundizó dicho proceso. El punto de partida de visualización estadística data del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (1989), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este documento se propone impulsar la idea de la autoidentificación como criterio para la determinación de las poblaciones como la afrodescendiente e indígena para ser incluida en las fuentes de datos. Adicionalmente, se comenzó a promover la categoría de afrodescendiente como expresión de la autoidentificación de dicha población.
Dicho proceso no ha sido fácil, tal como lo enuncia la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH, 2011). Para esta entidad la incorporación de la categoría
afrodescendientes en los censos y otros instrumentos estadísticos ha tenido dificultades, ya que, según su informe, las diferentes experiencias y prácticas de inclusión realizadas por los Estados se vio afectada por los aspectos técnicos, ya que, a veces se usa la autoidentificación en varios sentidos, a saber: (a) la característica “voluntaria” de la pregunta; (b) la autoidentificación de la persona encuestada y (c) la identificación por la cultura o el grupo étnico. En general, este informe recomienda utilizar el criterio a).
Para la CEPAL y el UNFPA el esfuerzo por uniformar criterios para obtener datos objetivos es primordial, aunque estas organizaciones consideran que a la fecha del informe todavía los resultados para la región siguen siendo heterogéneos (CEPAL/UNFPA, 2020, 9). De tal manera que conseguir datos más seguros y exactos se convierte en una prioridad en el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Una muestra de esto es la Meta 17.18 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (-ODS- Agenda 2030), en donde se propone aumentar la disponibilidad, la oportuna información y la calidad desagregada por raza y origen étnico (CEPAL/UNFPA, 2020, 67). La exigencia de información desagregada por condición ético-racial cobra fuerza a partir de la Conferencia Mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, en Durban (2001), la cual enmarcó la Declaración y el Programa de Acción de Durban (2001). Se recomendó redoblar esfuerzos para contar con datos oficiales sobre las personas afrodescendientes a fin de evaluar y formular políticas dirigidas a dicha población (2011, s. p.). Igualmente, tal prelación se establece en el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (2013). De tal manera que la desagregación es un requisito para identificar la condición de la población afrodescendiente, por lo cual se ha de incluir preguntas sobre la autoidentificación étnica-racial en todas las fuentes de datos.
Para la CEPAL (2020) fijar una posición conceptual sólida respecto al criterio
de autoidentificación, también fue planteado en el Decenio Internacional para los Afrodescendientes 2015-2024 (ONU), ya que contar datos objetivos es importante para la política del reconocimiento (2020, 70), por cuanto las preguntas de una encuesta se establecen conforme al plano conceptual. Otra parte, para la CEPAL, los procesos de inclusión del concepto de afrodescendiente o de negro es un asunto político, ya que lo afrodescendiente (entre otros conceptos) movilizan una identidad, derivada de configuraciones múltiples definidas por patrones históricos, culturales, ontológicos, económicos, geográficos y políticas (71). Las variables de autoidentificación son las nociones de (a) raciales y (b) étnicos (71). Por tanto, las políticas del reconocimiento se consolidan en los procesos censuales.
En la denominada Ronda 2000, el criterio de autoidentificación fue asumida por 8 países en sus censos nacionales; en la del 2010, fueron 14 países las que incluyeron el criterio. En el año 2000 -como se indicó- existe heterogeneidad en la categorización de la población afrodescendiente, y se tienen diferencias semánticas valiosas, ya que, el criterio de la autoidentificación presentó diferentes grados de exigencias, por ejemplo, pertenecer a un pueblo, identificarse con una cultura y descender de un pueblo (Ronda, 2000, 76). En Costa Rica, Honduras y Panamá, las preguntas fueron más directas y concisas, tal proceder es el que se recomienda. En el 2010 la mayoría de los países incluyeron la categoría de afrodescendiente; pero en algunos casos
se usó el prefijo afro más la nacionalidad, como el caso de Costa Rica, que usó el término afrocostarricense. En contraste con otros conceptos, aquí enunciados, el de afrodescendiente contribuye a evitar la subestimación, como el caso del uso de los términos “moreno” y “mestizo”. De tal manera que las categorías que se utilicen han de tener sentido para la población, para que éstas puedan autoidentificarse. Otro hito en este proceso se da en el 2018 cuando se incluyen aspectos como los mecanismos de participación. En todo caso, aunque ya resulta obvio, el criterio de autoidentificación y la categoría afrodescendientes se han de utilizar en la formulación de todos los instrumentos de medición.
En el 2011, la Secretaría General de la OEA elabora el Manual para la transversalización de la temática en los procesos de cooperación técnica, de la Secretaría General de la OEA. Este estudio resalta la importancia de la información desagregada por etnicidad. Sin embargo, considera que la información que se deriva de tal manera es fragmentaria, limitada e insuficiente, ya que su análisis puede ser restringido en proporción con la determinación o medición del cumplimiento de derechos (OEA, 2011, 59). Además, considera que la pregunta por la identidad étnica es una percepción personal, impregnada de valoraciones, lo que puede aportar imprecisión (41). Por eso, el análisis de esos datos ha de hacerse a partir de los procesos culturales, sociales, económicos y políticos. El estudio de la OEA se propone elaborar indicadores, en tal sentido se centra en el indicador de participación (44). Aunque, dicho indicador refiere a la totalidad de la población afrodescendiente, no así para la población de las niñas, niños y adolescentes afrodescendientes.
El estudio de Fabiana del Popolo, Mariano López y Mario Acuña (CEPAL, 2009)
para la población de jóvenes afrodescendientes en edades entre los 13 y 29 años, según ellos tiene la dificultad de la falta de identificación étnica para los estudios latinoamericanos de tal población. Para ellos, los censos nacionales son la fuente primordial de datos, esto por su carácter universal; lo que permite obtener indicadores para poblaciones minoritarias por volumen de población (21). Para ellos, la autoidentificación puede apoyarse con base en otras variables como el idioma, los vínculos ancestrales, los territorios y las prácticas socioculturales, entre otros. Para estos autores el criterio de la autoidentificación corresponde a categorías raciales, a una construcción social con base en el fenotipo (44), por ejemplo, en Brasil, el término raza se define por el color de la piel. Al igual que en el estudio de la CEPAL (2020), el problema semántico determina lo que se entiende por autoidentificación.
En los diferentes estudios latinoamericanos sobre la población afrodescendiente con datos desagregados y con el uso de categorías étnico-raciales, Costa Rica ha aportado información, por ejemplo, en el Censo Nacional del 2011, se utiliza el criterio de pertenecer a la cultura, en la pregunta se apuntan las siguientes categorías: (a) indígenas, (b) afrocostarricenses, (c) china y (d) ninguna de las anteriores (OEA, 2011, 11). Esto con base en la Ronda 2000. Por otra parte, en el estudio Costa Rica: indicadores de educación en contexto (INEC, 2011) se presenta una desagregación por categorías de
(a) autoidentificación, (b) discapacidad, (c) migrante internacional, (d) edad y (e) ético- racial; en esta última categoría están: (a) indígena, (b) negra/afrodescendiente y (c) mulata (INEC, 2011, 9, 11-12). En el 2011, la Encuesta de Indicadores Múltiples también se emplea la categoría étnica afrocostarricense y el criterio autoidentificación (OPS, 2021, 4, 10, 18).
El Centro de Mujeres Afrocostarricenses realizó un análisis -a cargo de Epsy Campell -sobre la inclusión de los datos desagregados de las encuestas nacionales del 2000 y el 2011. En la primera se hizo un abordaje focalizado en la idea de “minorías étnicas” y, en el segundo, un abordaje a partir del enfoque multicultural.
En el 2000 las opciones de autentificación fueron limitadas a población china, afrocostarricense e indígena. Según los datos solo el 5% de la población posee autoidentificación étnica-racial. Además, se determina un sub-registro reconocido para la población afrodescendiente, imposible de calcular.
En contraste, en el censo 2011 se incluyen más opciones de respuesta, es el caso de población blanca/mestiza. En este estudio se dio un aumento sustantivo de la población afrodescendiente autoidentificada: del 1,9% al 7,75%.
Para el Centro de Mujeres Afrocostarricenses el alcance de las preguntas en la encuesta del 2011 es la siguiente:
Se incorporan al menos dos opciones para la población afrodescendiente. Se separa la categoría negro(a) y mulato(a).
Se incorpora solo una opción para la población mayoritaria.
Se mantiene a la población china.
Existen preguntas específicas para la población indígena
Se cuenta con un primer mapa oficial sobre el multiculturalismo en Costa
Rica (s. p.).
Según el Centro de Mujeres Afrocostarricenses, la encuesta del 2011 registra una mejoría en relación con la del 2000, en razón del uso del enfoque de la multiculturalidad, sin embargo, todavía con algunas limitaciones, entre las que destacan las siguientes:
Mientras que se separa las categorías negro(a) y mulato(a), no se separan
las categorías blanco(a) y mestizo(a); colocándola como una sola opción.
No se incorporan opciones sobre el multilingüismo, sabiendo que una parte de la población afro tiene como lengua materna el creole-Limón English.
No hubo campañas de sensibilización, ni información suficiente a los encuestadoras(es) sobre el tema. Por lo que debe suponerse que persiste el sub-registro del multiculturalismo aunque disminuye para afrodescendientes (s. p.).
El proyecto Estado de los Derechos de la Niñez (EDNA), de la Universidad de Costa Rica, publicó en el 2019, el IX Informe del estado de la niñez y a adolescencia; con base en los datos aportados por los informes y datos del Estado costarricense, evidenciando que las estadísticas y datos utilizados no cuentan de forma sistemática con información sobre población afrodescendiente (EDNA, 2019, 55, 73, 114), por lo cual manifiesta su preocupación.
Por otra parte, el Informe 2020-2021, avances y desafíos de los derechos de la niñez y la adolescencia en tiempos de pandemia por COVID-19, de la UNICEF (2021), tampoco presenta
de forma sistemática datos e indicadores de manera desagregada, en algunos indicadores
se hace referencia a población migrantes e indígena, pero no afrodescendientes.
Como se indicó en el apartado anterior, las preocupaciones y las demandas por contar con indicadores para la población afrodescendientes es -también- una preocupación que también atañe a la población indígena. Varios documentos presentados en el anterior acápite son compartidos para ambos grupos de población, y expresan dichas demandas, por eso aquí no se volverán a citar dichos documentos, sino que se enfatiza en aquellos específicos para el desarrollo de indicadores.
A diferencia de las poblaciones afrodescendientes y de la diversidad sexual, las poblaciones indígenas si cuentan con propuestas de desarrollo de indicadores específicos. Los estudios indican de dos tipos de indicadores: los convencionales y los alternativos o específicos. Los primeros son los indicadores que se aplican a toda la población, los segundos recogen las especificidades de los pueblos indígenas. Algunos indicadores adoptan modelos existentes como el Índice de Desarrollo Humano (IDH), del PNUD, ahora aplicado a la población indígenas (IDH-PI). Los segundos recogen los aspectos étnicos, lingüísticos, culturales, administrativos, geográficos, entre otros, por lo que se habla -más bien- de un Índice de Bienestar Humano Indígena (IBHI) o se indican otros nombres.
Además, existen indicadores para el monitoreo de los resultados de la Conferencia mundial sobre pueblos indígenas (ONU, 2014). Tales indicadores específicos se centran en el bienestar, la pobreza y el desarrollo de los pueblos indígenas.
En 2010, el PNUD realizó un informe sobre el desarrollo humano de pueblos indígenas de México. Este informe se basa en el enfoque de las capacidades en entornos de pobreza y marginación social (PNUD, 2010, 14), y de cómo este enfoque puede conducir a más libertad, por medio de la eliminación de los obstáculos que impiden que los individuos opten entre formas de vida distintas y de su identidad indígena (14). Además, el estudio indica que no se trata de forzar la integración cultural de dichos pueblos, tampoco de segregarlos a partir del argumento de la conservación de su herencia, sino que se considera que sus valores y aspiraciones pueden ser compatibles con las sociedades modernas, el informe pretende que a estos pueblos se les ha de dotar de instrumentos requeridos para que ellos determinen cómo y en qué medida determinar su coexistencia con otras culturas (14). Este informe utiliza el Índice del Desarrollo Humano para Pueblos Indígenas (IDH-PI).
Un estudio interesante sobre indicadores es el titulado Indicadores de derechos
relevantes para pueblos indígenas. Una aproximación desde categorías culturales y colectivas (2010, 141). De este texto interesa destacar los principios que propone para el desarrollo de los indicadores:
Consentimiento previo, libre e informado como principio estructurador de todos los derechos.
Reconocimiento de los instrumentos internacionales de derechos
humanos que afectan directa o indirectamente a los pueblos indígenas.
Autodeterminación indígena.
Construcción colectiva de procesos y derechos.
Información colectiva al servicio de los pueblos indígenas en sus relaciones con el Estado y otros actores, como condición de posibilidad para el ejercicio de los derechos indígenas.
La dimensión procesual y continua de la historia de los pueblos indígenas en la preservación armónica de sus formas de vida cultural y colectiva, en la articulación de sus formas de organización y gobierno, y en la organización y sistematización de sus propias formas de desarrollo (2010, 141).
El anterior estudio presenta una matriz de indicadores que se estructura en varios ejes, y aquí solo se enuncian algunos: (a) reconocimiento de derechos colectivos indígenas; (b) ejercicio de derechos colectivos indígenas y (c) conocimientos tradicionales y patrimonio, indígena, entre otros.
Tres estudios desarrollan indicadores alternativos en torno al bienestar, el desarrollo y la pobreza. Estas investigaciones distinguen entre los indicadores convencionales y los indicadores específicos para los pueblos indígenas. Todos presentan una matriz de indicadores, uno de ellos hace una primera medición y aporta datos con base en los indicadores desarrollados. Se habla de un Indicador de Bienestar Humano Indígena (IBHI).
Al primero que se hará referencia es el estudio de Jonathan Renshaw y Natalia Wray (2004). Ellos distinguen entre indicadores existentes o convencionales e indicadores especiales. Los primeros son, por ejemplo: Línea de Pobreza o el de Necesidades Básicas Insatisfechas. La elaboración de este sistema de indicadores se basa en la Declaración de Kimberley (2002) y la Declaración del Consejo Indígena de Centroamérica (2012). En donde se identifican 4 áreas temáticas prioritarias: “[…] 1) El control sobre las tierras y territorios indígenas; 2) El respeto y conservación del medio ambiente; 3) El reconocimiento y el respeto de la identidad y 4) la participación indígena en todas las decisiones que afectan a los indígenas y sus territorios” (6). Una forma de participación de los indígenas reside en la definición de los instrumentos censales, organización y supervisión de los censos (6). Así, ellos hacen una propuesta de indicadores.
Además, se plantea el problema de la definición de la noción de población indígena, sobre todo cómo hay una preocupación por aportar una definición operativa, la cual debe adecuarse a los criterios y realidades de cada país o región (6). No hay definición universalmente válida.
Para Renshaw y Wray (2004), el marco para la elaboración de nuevos indicadores se basa en un reanálisis de los conceptos de bienestar y pobreza indígenas. Ellos definen 3 ejes: (a) el acceso a los recursos, ingresos, bienes y servicios; (b) La seguridad/ vulnerabilidad frente a los cambios, y (c) la capacidad de gestión o su inversa, la impotencia frente a los factores que determinan la pobreza y el bienestar de los indígenas. Se considera la insuficiencia de la operacionalización de los indicadores cualitativos, estos tienen que ver con la calidad de los servicios y los recursos que se ofrecen a la comunidad. También, se fija en la necesidad de que un sistema de
indicadores recoja los síntomas y las causas de la pobreza (7). Además, consideran importante introducir la variable étnica en los censos, que solo adquieren sentido si se usan en el análisis. Por otra parte, consideran que los estudios cuantitativos no pueden hacer más que efectuar una aproximación a la realidad. Esto entre otras apreciaciones teóricas y metodológicas. En general consideran dos variables: la autoidentificación y el idioma. El texto presenta una propuesta de indicadores de bienestar de pueblos indígenas.
La investigación de la UNAM (2008), parte de la demanda indígena de disponer de indicadores incluyentes, confiables y sistemáticos, eso debido a lo establecido por la agenda mundial, así como por la necesidad de instrumentos que den cuenta con objetividad de sus condiciones de desarrollo y bienestar (3). Para los autores del informe, contar con “[…] indicadores culturalmente adecuados es una expresión de la lucha contra la invisibilidad, la cual es el reflejo estadístico de la marginación y exclusión […]” (3). La discusión sobre indicadores no es solo un asunto técnico o metodológico, sino que se vincula con los aspectos políticos, económicos, demográficos, ambientales, jurídicos, culturales y jurídicos, entre otros (6). La propuesta de indicadores se refiere, por ejemplo, a aspectos como: bienestar social, conocimiento tradicional, diversidad biológica, protección y usufructo de los recursos naturales, derecho a la alimentación, seguridad alimentaria, desarrollo sostenible, situación de la mujer indígena, derechos humanos (7).
El estudio de la UNAM -también- plantea los desacuerdos conceptuales respecto
a términos como: pueblos o poblaciones indígenas, derechos individuales y derechos colectivas, libre determinación, identidad, propiedad intelectual, tierras o territorios, etc. (2008, 8). Para el informe es importante lograr acuerdos conceptuales para definir y aplicar indicadores relativos a las condiciones de vida y el desarrollo humano de los pueblos indígenas (8).
Para el mencionado estudio, el diseño de indicadores propuesto se vincula de manera directa a tres cuestiones de las demandas del Decenio de los Pueblos Indígenas (UNAM, 2008, 10). Esto son:
La índole de los sistemas de información nacionales e internacionales que registran u omiten datos acerca de los pueblos indígenas (11). Que responden a estándares de calidad, exactitud, oportunidad, pertinencia, acceso, claridad, compatibilidad, coherencia y completitud (11).
El panorama que resulta de las iniciativas de gobierno y agencias del sistema de Naciones Unidas y organismos financieros o de cooperación. Que piden un esfuerzo por unificar datos. Sentar las bases amplias de colaboración para tareas como la estandarización de indicadores que han mostrado su eficiencia y para la producción de modelos de indicadores multifactoriales o índices complejos (11-12), por ejemplo, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) o el de Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODS).
El débil impacto en las políticas públicas hacia pueblos indígenas, pese a disponer hoy de más y mejores datos provenientes de dos orientaciones básicas: los registros externos (censos, encuestas, estadísticas nacionales)
y los estudios de casos (antropológicos, sociodemográficos, económicos,
lingüísticos, jurídicos, ecológicos, etc.) (13).
Además, tal investigación señala que el desarrollo de indicadores ha de estar relacionado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Igualmente, se distingue dos tipos de indicadores: (a) Disponibilidad y aplicación de indicadores convencionales.
(b) Disponibilidad y aplicación de indicadores culturalmente adecuados (UNAM, 2008, 15). Así la propuesta de indicadores, es amplia; aunque aquí no puede exponerse, empero, si es enunciar su estructura:
Indicadores convencionales con marcadores étnicos o con marcadores indígenas.
Indicadores culturalmente adecuados o con pertinencia cultural.
Indicadores específicos útiles a los pueblos indígenas (15)
Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que son de tres tipos: estructurales, de proceso y de resultado.
Esto da pie al desarrollo del Indicador de Desarrollo y Bienestar de Pueblos Indígenas (IDB). Estos indicadores se desarrollan en el informe a partir de la página 26.
[…] buscan avanzar en los procesos de generación de información pertinente para los pueblos indígenas y el planteamiento de una metodología de investigación e implementación que integre a las organizaciones y comunidades indígenas de manera activa y propositiva frente al contenido que cada uno de los indicadores (SINCHI, 2020, 7).
El tercer estudio sobre indicadores es el elaborado por el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI, 2020). Los autores del informe desarrollan el Índice de Humano Indígena (IBHI). Este indicador surge como alternativa ya que
Cada indicador desarrollado muestra algún aspecto particular de la dinámica de los modos de vida y territorios de los pueblos indígenas (SINCHI, 2020, 7). Igualmente, plantea el asunto de los indicadores convencionales, en este caso del (a) Indicador de Pobreza Multidimensional y el (b) el Indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas. La propuesta del IBHI es un instrumento que pertinente en la gestión de información y el apoyo de la toma de decisiones de los Autoridades Tradicionales Indígenas del Amazonas, aunque su utilidad va más allá de dicho contexto cultural y geográfico. Está diseñado bajo el enfoque diferenciado y enmarcado en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas. Es un sistema de información sustentado sobre variables que permiten valorar y dar seguimiento a los cambios en los modos de vida y los territorios (SINCHI, 2020, 19), por ejemplo, valorar el patrimonio, lo ambiental, lo cultural y lo económico, así que mediante su implementación se busca contribuir a la gobernabilidad (19). Además, que las comunidades puedan interpretar la información
(20).
Los indicadores están organizados en las siguientes capacidades:
Control cultural del territorio.
Agencia cultural autónoma.
Autonomía climática.
Lograr un ambiente tranquilo.
Auto cuidado y reproducción.
Incluye una tesis de la metodología conformada por el acceso a la información primaria en los territorios.
Además, aporta un análisis e interpretación sobre el estado actual de los modos de vida y territorios de los pueblos indígenas. Por otra parte, se sustenta en “[…] la existencia de la libertad y capacidades que la sociedad sea agente para desarrollar su proyecto de vida de manera autónoma, en sociedades caracterizadas por poseer territorios culturales, económicos, espirituales e históricos” (SINCHI, 2020, 33). Cuenta con una perspectiva multidimensional en concordancia con los postulados del Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992) (33). El informe presenta las variables y resultados estadísticos, los que en este informe no pueden presentarse. Este modelo de indicadores se encentra muy desarrollado, pero lo más importante es que es un modelo que se ha aplicado en un instrumento de medición.
Los sistemas de indicadores de pueblos indígenas presentados se refieren
al conjunto de la población. No se desarrollan indicadores específicos para la población de los niños, las niñas y los(as) adolescentes, sino que muchos datos se obtienen de manera derivada de los indicadores del conjunto de dicha población. Por parte, estudios particulares de la población de la niñez y la adolescencia, tampoco presentan indicadores específicos para dicho grupo de población, por ejemplo, la ONU hace una revisión de la Convención de los Derechos de los Niños (1990) para aplicarlo a la población de niños indígenas, en virtud de la convención (2009). Un estudio de la CEPAL, OPS y UNFPA, analiza de manera desagregada datos de la población infantil indígenas a partir de encuestas nacionales (2010). Otro estudio de la CEPAL/UNICEF del 2012, realizado por Laís Abramo y Marta Rangel dice que no hay estudios ni estadísticas sistemáticas acerca de las carencias que tienen estas poblaciones. En el 2012, un estudio de la CEPAL y la UNICEF indica del problema de la disponibilidad de información, que en América Latina se dispone poca información sistemática, oportuna y confiable sobre esta población (2012, 6).
Se afirma que se ha de hacer un esfuerzo por precisar los instrumentos,
y es urgente contar con los datos. Costa Rica aparece como uno de los países que aporta información sobre dicha población (CEPAL/UNICEF, 2012, 6). A pesar de eso, el informe indica que en los últimos años se ha dado una mayor visibilización estadística, y se auguran avances en la década de 2010.
En Costa Rica, en el IX censo, junio de 2000 (2001), como ya se indicó, se incluyó el criterio de autoidentificación, se preparó una boleta censual aplicada a los 22 territorios indígenas, incorporando a la cartografía y
segmentación censual, e incluye la pregunta sobre los grupos. Asimismo, establece algunos indicadores (2001, 28). En el X Censo nacional de población y el VI de vivienda, del 2011, denominado Territorios indígenas. Principales indicadores demográficos y socioeconómicos, establece que los censos nacionales de población y vivienda son la fuente de información con mayor desagregación geográfica que tienen los países (2011, 4), el cual se basa en un enfoque de derechos humanos, con base en el Convenio 169 de la OIT. En la metodología se establecen algunos indicadores, por ejemplo, Población indígena con pueblo, Población indígena sin pueblo, Población no indígena, por grupos de edad, y datos desagrados, entre otros, aunque faltan indicadores específicos. En el caso de Costa Rica, al parecer, no se ha hecho un estudio de indicadores sobre población indígena, tampoco, para la población infantil y adolescente.
Al final de la presentación de este diagnóstico se tiene que existe una preocupación internacional por la elaboración de indicadores para medir la realidad del cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia en tanto poblaciones vulnerables. Esta preocupación ha lleva a hacer algunas propuestas, así como algunas prácticas (esporádicas) para introducir indicadores en algunos instrumentos gubernamentales o hacer segregación de datos. Sin embargo, no hay una implementación sistemática.
Abrono, Laíz; Rangel Marta; CEPAL. (2019). Niñez y adolescencia afrodescendiente en América Latina. s.l.: CEPAL. Accesible en: https://www.cepal.org/es/notas/ninez-adolescencia-afrodescendiente- america-latina.
Abramo, Laís; Rangel, Marta; CEPAL; UNIFEF (2019) Pobreza infantil en pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina. Santiago de Chile: CEPAL. Accesible en: https://www. cepal.org/es/notas/ninez-adolescencia-afrodescendiente-america-latina.
Acosta Muñoz, Luis Eduardo; Mendoza Hernández, Pablo Emilio; Murcia García, Uriel Gonzalo. (2020). Indicadores de bienestar humanos Indígena. Primer reporte sobre el estado de los modos de vida y territorios de los pueblos indígenas del Departamento de Amazonas, Colombia. Colombia: Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas USINCHI). Accesible en: https://sinchi.org. co/files/publicaciones/novedades%20editoriales/pdf/Indicadores%20de%20Bienestar_WEB.pdf.
Ayuntament Quart de Poblet, (2017) Informe diagnóstico diversidad sexual, familiar y de género en Quart de Poblet. Valencia: Ayuntament Quart de Poblet/Casa de la Dona/Diputació de Valencia. En https://dona.quartdepoblet.es/wp-content/uploads/2015/06/Informe-diagnostico-diversidad- sexual.pdf.
Betrano, Jane Flipe; Monteiro, José C.; Gómez Itzar; Pajares, Emilio; Paredes, Felipe; Zúñiga, Yaniera (Coords.); Red de Derechos Humanos y Educación Superior (DHES); (2014). Derechos humanos de los grupos vulnerables. Manual. Barcelona: Universitat Pompou/ Comisión Europea /DHES. Visita en: http://poblacion-indigena.iniciativa2025alc.org/wp-content/uploads/2017/04/98_ DHGV_Manual.pdf.
Comisión Económica para América Latina (CEPAL); OPS; UNFPA. (2010). Mortalidad infantil y en la niñez de pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina: inequidades estructurales, patrones diversas y evidencia de derechos no cumplidos. CEPAL: Santiago de Chile. Accesible en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/3798-mortalidad-infantil-la-ninez-pueblos-indigenas- afrodescendientes-america-latina.
; UNICEF. (2012) Los derechos de los niños indígenas. En Desafíos. Boletín de la Infancia y adolescencias sobre avance de los Objetivos del Desarrollo del Milenio. No. 14, Setiembre. Accesible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/35992/1/Desafios-14-CEPAL- UNICEF_es.pdf.
; UNFPA. (2020). Afrodescendientes y la matriz de la desigualdad en América Latina. Retos para la inclusión. Santiago de Chile: CEPAL. Accesible en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/46191- afrodescendientes-la-matriz-la-desigualdad-social-america-latina-retos-la.
; UNICEF. (2012). Pobreza infantil en pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina. Santiago de Chile: Cepal. Accesible en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/3981-pobreza- infantil-pueblos-indigenas-afrodescendientes-america-latina.
; UNFPA; OPS. (2010). Mortalidad infantil y en la niñez de pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina: inquietudes estructurales, patrones diversos y evidencia de derechos no cumplidos. España: CEPAL. Accesible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3798/lcw348. pdf.
Chinchilla, Hellen; Valenciano, Laura; Hernández, Mega; Arroyo, Larisa; DPEEAS; (2018). Guía corta. Situación de derechos humanos de las personas LGBTI en Costa Rica. San José, CR: DPEEAS/Frente por los Derechos Igualitarios/HIVOS. En https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/ DPEEAS/DPEEAS_informe_derechos_lgtbi_en_cr_2018.pdf.
Derechos Humanos y Cooperación. (2010.) Indicadores de derechos relevantes para pueblos indígenas. Una aproximación desde categorías culturales y colectivas. Accesible en: Investigación en Derechos humanos. El enfoque de los derechos humanos en la cooperación al desarrollo. En Derechos Humano y Cooperación. Navarra: Gobierno de Navarra, ACECID, IPES. Accesible en: http://derechoshumanosycooperacion.org/pdf/rhhm-10-indicadores-de-derechos-indigenas.pdf.
Díaz Partén, Soledad; Mülabi; (2012). Investigación exploratoria sobre la situación en derechos y salud sexual y reproductivos de personas lesbianas, bisexuales, trans e intersexuales. San José, CR: Mülabi. Visita en: http://www.mulabilatino.org/publicaciones/mulabi_investigacion.pdf.
Estado de los Derechos de la Niñez (EDNA). (2019). IX Informe del estado de la niñez y a adolescencia. San José, C.R.: EDNA/Universidad de Costa Rica. Accesible en: https://pridena.ucr.ac.cr/wp- content/uploads/2021/09/IX-EDNA.pdf.
Generelo, Jesús; Pichardo, José Ignacio; Galofé, Guillén; GOGAM. (2006). Adolescentes y sexualidades minoritarias. Voces desde la exclusión. Madrid: GOGAM; Universidad Complutense de Madrid; FELFT. Visita en: https://eprints.ucm.es/id/eprint/35874/.
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). (2012). X Censo Nacional de Población y VI Censo de Vivienda 2011. Territorios indígenas. Principales indicadores demográficos y socioeconómicos. San José, CR.: INEC. Accesible en: https://www.inec.go.cr/documento/censo-2011-territorios- indigenas-principales-indicadores-demograficos-y-socioeconomicos.
; UNICEF. (2011) .Costa Rica: indicadores de educación en contexto. San José, C.R.: INEC. Accesible en: https://www.inec.cr/sites/default/files/documentos/educacion/estadisticas/resultados/ reeducaccenso2011-10.pdf.pdf.
. (2001). IX Censo Nacional de Población. San José. C.R.: INEC. Accesible en: https://www.inec.cr/ sites/default/files/documentos/inec_institucional/publicaciones/01_resultados_generales_de_ censos_2000.pdf.
Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH). (2013). Situación de los derechos humanos de poblaciones históricamente discriminadas en Costa Rica: un análisis desde el marco de la justicia. San José, CR: IIDH. En https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1453/situacion-de-los-ddhh-cr-2013.pdf
Instituto Interamericano del Niño; OEA; (2019) Infancia. Boletín 7, Segunda época. Visita en: https://
issuu.com/institutointeramericanodelninolanin/docs/bolet_n_7 espa_ol_final (Milton).
Mamacash / Mulabi. (2012). La situación en derechos y salud sexual y reproductiva de personas lesbianas, trans e intersex en Costa Rica. San José, CR: Mulabi. En http://www.mulabilatino.org/ publicaciones/mulabi_investigacion.pdf
Ministerio de Educación Pública (MEP). (2020). Resolución No. 0147-MEP-2020. San José, CR: MEP. Visita en: http://www.familiashomoparentales.org/test/wp-content/uploads/sites/3/2019/06/ Resolucion-N-0147-MEP-2020.pdf
Movilh. (2019). Encuestas e informes sobre diversidad sexual y género. Santiago de Chile: Movilh. En http://www.movilh.cl/documentacion/2020/Encuestas-Diversidad-Sexual-2019-Movilh.pdf.
. (2014). XIII. Informe anual de derechos humanos de la diversidad sexual en Chile. Santiago de Chile: Movilh/Fundación Triángulo/Acción/Unión Europea/Reino de los Países Bajos. Visita en: http://www.movilh.cl/documentacion/2014/XIII%20Informe%20de%20DDHH%202014-web.pdf.
. (2012). Encuesta sobre educación sexual y discriminación. Santiago de Chile: Movilh. Visita en: http://www.movilh.cl/documentacion/Encuesta-sobre-educacion-sexual-y-discriminacion.pdf
Popolo Fabiana de; Lopez Mariana; Acuña, Mario. (2009). Juventud indígena y afrodescendiente en América Latina: inquietudes sociodemográficas y desafíos de políticas. Madrid: CELAD/CEPAL. Accesible en: https://www.fundacionhenrydunant.org/images/stories/biblioteca/ddhh-juventud/ Juventud_indigena_afrodescendiente_AL.pdf.
Organización de Estados Americano (OEA). (2011). Manual para la transversalización de la temática en los programas de cooperación técnica de la Secretaría General de la OEA. Washington D.C: Organización de Estados Americanos. Accesible en: http://www.oas.org/dil/esp/ afrodescendientes_taller_transversalizacion_04-27-2011_manual.pdf. . Indicadores para el monitoreo de los resultados de la Conferencia Mundial sobre pueblos indígenas. A/RES/69/2. s.l.: ONU. Accesible en: https://indigenousnavigator.org/sites/indigenousnavigator.org/files/ media/document/indicadores-wcip-tablaIndicadores-es.pdf.
. Comité de los Derechos del Niño. (2009). Los niños indígenas y sus derechos en virtud de la
convención. Observación General No. 11. Génova: ONU. Accesible en:
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2010) Informe sobre desarrollo humano de los pueblos indígenas en México. El reto de la desigualdad de oportunidades. México: PNUD. Accesible en: https://www.refworld.org/docid/49f6bd922.html.
Organización Panamericana de la Saludos (OPS). (2021). La salud de la población afrodescendiente en América Latina. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud. Accesible en: https:// iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/54503/9789275323847_spa.pdf.
Ramón, Lucas. (2014). Niños, niñas y adolescentes LGBTI+ casos sujetos de derechos frente al hostigamiento escolar. En American University International Law Review; Washington. Tomo 29, Nº 4: 905-944. Visita en: https://www.proquest.com/docview/1549545495.
Rangel, Marta. (2005). La población afrodescendiente en América Latina y los objetivos del desarrolló en países seleccionado utilizando información censual. Santiago de Chile: CEPAL/CEPED. Accesible en: https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/La%20poblacion%20 afrodescendiente%20en%20America%20Latina.pdf.
Renshaw, Jonathan; Wray, Natalia. (2004). Indicadores de bienestar y pobreza indígena. : Unidad de Pueblos Indígenas y Desarrollo Comunal. S.l.: BID. Accesible en: https://www.comunidadandina. org/StaticFiles/2011414165712indicadores_indigenas.pdf.
Sánchez Jiménez, Saúl. (2016). Niñez afrodescendiente en México. Retos pendientes para la garantía de sus derechos. México: Save the Children México. Accesible en: https://archivos.juridicas.unam. mx/www/bjv/libros/10/4994/24.pdf.
Santora, Pablo; Gabriel, Concha; Conde, Fenando. (2014.) El respecto a la diversidad sexual entre jóvenes y adolescentes. Una aproximación. Madrid: Universidad Complutense de Madrid/ Instituto de la Juventud. Visita en: http://poblacion-indigena.iniciativa2025alc.org/wp-content/ uploads/2017/04/98_DHGV_Manual.pdf.
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). (2008). Los pueblos indígenas y los indicadores de bienestar y desarrollo. Informe preliminar. CDEM: UNAM. Accesible en: https://red.pucp. edu.pe/ridei/files/2011/08/381.pdf.
UNICEF. (2021). Informe 2020-2021, avances y desafíos de los derechos de la niñez y la adolescencia en tiempos de pandemia por COVID-19. San José, C.R.: UNICEF.
Universitat Pompeu Fabra, (2014) Informes Red de Derechos Humanos y Educación Superior. Derechos humanos de los grupos vulnerables. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. En http://poblacion- indigena.iniciativa2025alc.org/wp-content/uploads/2017/04/98_DHGV_Manual.pdf.