Jensy Campos Céspedes
Las personas menores de edad privadas de libertad y de medio familiar constituyen dos sectores específicos altamente vulnerables a la violación de sus derechos fundamentales, la corresponsabilidad en cuanto al abordaje de las situaciones es ineludible como también la necesidad de redoblar esfuerzos para erradicar la participación de niños, niñas y adolescentes en actividades delictivas y en procurar que todas las personas menores de edad cuenten con un medio familiar que propicie su sano desarrollo. En este texto se ofrece un acercamiento a indicadores orientados a medir el cumplimiento de derechos de las personas menores de edad que se encuentran privadas de libertad y de aquellos niños, niñas y adolescentes que por alguna razón no pueden vivir en sus familias de origen. Dichos indicadores se desprenden de los instrumentos internacionales y nacionales existentes en el corpus juris del que Costa Rica dispone y algunos documentos fundamentales de instituciones que tienen particular competencia sobre esos temas.
conflicto con la ley, adolescentes privados de libertad.
Autor/ Author
Jensy Campos Céspedes Universidad Estatal a Distancia (Costa Rica)
Recibido: 08/12/2024 Aprobado: 14/12/2024 Publicado: 29/01/2025
deprived of liberty.
La garantía del cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia en Costa Rica se constituye en una responsabilidad del Estado planteada tanto en convenciones y acuerdos internacionales como en el corpus legal de alcance nacional; en documentación desde la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), el Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley N.º 7739), la Ley de Paternidad Responsable (Ley N.º 8101), Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres (Ley N.º 8589), Ley Contra la Explotación Sexual Comercial de Personas Menores de Edad (Ley N.º 8590), Ley de Justicia Penal Juvenil (Ley N.º 7576) hasta la Política Nacional de Niñez y Adolescencia (PNNA) se establecen pautas orientadoras y deberes relacionados con la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
La disposición del interés superior de la persona menor de edad al igual que la responsabilidad estatal y de la sociedad en cuanto a asegurar el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia implica un asunto crucial para la protección de todas las personas que integran ese sector poblacional. No obstante, la mirada a grupos específicos de niños, niñas y adolescentes que, por sus condiciones particulares se encuentran en posición de mayor vulnerabilidad, cobra importancia dado que conviene identificar aspectos específicos sobre los cuales enfocar la atención para garantizar la no discriminación y el cumplimiento de sus derechos. Este es el caso de la población adolescente privada de libertad y de las personas menores de edad que carecen de medio familiar; de estas niñeces y adolescencias se trata este texto en el que se intenta dibujar el panorama costarricense en cuanto a los indicadores, que proveen los instrumentos legales con que cuenta el país, para monitorear el cumplimiento de sus derechos.
Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Sistema Universal) y las directrices de Riad para la Protección de los Menores en Conflicto con la Ley, forman parte de los instrumentos internacionales y son utilizados como dos de los referentes principales en lo que a la protección de derechos de las personas menores de edad privadas de libertad atañe. Por su parte, la Convención de Derechos de la niñez ratificada por Costa Rica en 1990 marca pauta fundamental en cuanto a responsabilidad insoslayable con respecto del compromiso que Costa Rica tiene de reconocer los derechos de las personas menores de edad sin ningún tipo de discriminación. Ese compromiso en particular es de vital importancia traerlo a colación cuando se habla de población menor de edad privada de libertad o en conflicto con la ley.
El abordaje del cumplimiento de derechos en la población adolescente privada de libertad remite a fenómenos sociales altamente complejos, pues la población
adolescente en conflicto con la ley adquiere carácter de síntoma de una sociedad con dificultades para proporcionar a la totalidad de la población infantil y adolescente soporte para mantenerlos dentro de los procesos educativos y resguardados de las situaciones que los llevan a delinquir. Algunos estudios advierten que el involucramiento de niños, niñas y adolescentes en conductas criminales y de conflicto con la ley cada vez se está relacionado más con organizaciones pequeñas, a menudo compuestas por jóvenes y niños, que se involucran en delitos de oportunidad y con acceso a armas (Dammet, 2023). Asimismo, es creciente su relación con el consumo problemático de drogas, el abandono escolar, la violencia en el hogar, problemas de salud mental, el embarazo adolescente y otras problemáticas de carácter psico- social y económico (Dammet, 2023); situaciones que dan cuenta de falta de políticas efectivas para tratar los factores sociales que influyen en la participación de niñez y adolescencia en proceso de criminalidad. En adición, estudios indican que muchas de las trayectorias de jóvenes en cárceles se caracterizan por la exclusión social, la falta de oportunidades, los conflictos familiares, las precarias condiciones de vida, el impacto emocional y reingreso a la cárcel (Galeano, 2021).
Desde lo señalado, las políticas de prevención cobran relevancia, así como las
[…] para la atención integral de la seguridad en el enfoque preventivo acorde al paradigma de los Derechos Humanos con acciones dirigidas a las personas adolescentes y jóvenes que son blanco de la criminalidad organizada, especialmente aquellas que carecen de oportunidades de educación y empleo (Defensoría de los Habitantes, 2020, 134).
políticas y programas orientados a la formación integral de las niñeces y adolescencias por el potencial que la educación y la prevención reporta en este tipo de fenómenos sociales y porque, pese a las dificultades en términos de los mercados laborales, una persona adolescente con mayor nivel educativo tendrá mejores oportunidades a mediano y largo plazo. Asimismo, los enfoques preventivos y educativos resultan más efectivos que los abordajes punitivos, tal como indica uno de los informes de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica:
Ahora bien, más allá de la complejidad del fenómeno asociado con el involucramiento de las niñas, niños y adolescentes en conductas delictivas corresponde proporcionar un tratamiento especial a las personas menores de edad por su condición etaria y lo que eso significa en términos de su proceso de formación y, como ya se ha subrayado, la obligatoriedad del Estado de hacer valer los derechos que legítimamente le corresponden (Castro, 2021); al respecto la condición especial de personas menores de edad implica que en los procesos judiciales y de detención se vele por la protección de sus derechos conforme a estándares internacionalmente establecidos, una orientación en la que la ejecución de la pena hacia la rehabilitación, la reintegración social de la persona adolescente y una transversalidad del enfoque en el interés superior de la persona menor de edad; lo que significa que todas las decisiones sobre la ejecución de la sanción se de prioridad al interés superior del adolescente, sus necesidades y sus derechos y se asuma la corresponsabilidad que el cumplimiento de derechos de esta población específica supone.
Aun cuando los países cuentan con pautas y estándares internacionales orientativas
con respecto del cumplimiento de derechos humanos para las personas privadas de libertad, para los países latinoamericanos los retos en cuanto al cumplimiento de esos estándares siguen vigentes y, en algunos contextos específicos, parece que las condiciones de incumplimiento de derechos lejos de mejorar tienden a agudizarse.
Pese a los esfuerzos desarrollados en algunos países por endurecer las penas para combatir la criminalidad y desarrollar procesos masivos de encarcelamiento (Dammet, 2023) o por acudir al “populismo punitivo” (Burgos, 1997), parece que en general para América Latina no solo la criminalidad sigue en aumento, sino que las condiciones carcelarias están marcadas por violencia, así como por falta de programas de reinserción y rehabilitación. La tendencia ascendente de cantidad de personas infractoras torna insuficientes tanto los espacios acondicionados para la reclusión de la población privada de libertad como los recursos asignados desde el punto de vista infraestructural, así como de funcionamiento y de atención.
Lo anterior ocasiona, como lo indican algunos estudios sobre las condiciones carcelarias (Sánchez; 2022; Riofrío Carrillo, 2023; Contreras, 2021), que las prisiones en países latinoamericanos se caractericen por poseer una importante sobrepoblación, lo que detona serios problemas de hacinamiento, dificultades en cuanto a la gestión de la población recluida, inadecuadas condiciones de higiene, alimentación, deficiencia en la atención médica con lo que se enfrentan problemas de salud física y mental tanto en la población privada de libertad como en el funcionariado a cargo. Ligado con las condiciones señaladas y con la ausencia de programas orientados a la rehabilitación y reinserción social, las cárceles se convierten en escenarios de violencia con fuerte inseguridad para todas las personas que las ocupan ya sea porque saldan una pena o razones laborales.
Sobre las condiciones carcelarias la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala el hacinamiento como principal condición que compromete la salud y bienestar de las personas privadas de libertad por la falta de espacio adecuado para cada persona, pero también porque a menudo se carecen de condiciones higiénicas adecuadas, lo que incluye acceso limitado a agua potable, instalaciones sanitarias deficientes, falta de productos de higiene personal. Asimismo, se señala la falta de actividades para la recreación y la educación, lo que limita aún más las oportunidades de desarrollo personal, social y su reintegración a la sociedad. Aunado con lo anterior, se mencionan las condiciones de las celdas de aislamiento en las que la ausencia de luz natural y sus condiciones deplorables pueden ser consideradas parte de un trato cruel e inhumano que está prohibido por la normativa internacional (CIDH, 2020).
Algunos estudios específicos sobre las condiciones de las cárceles y el cumplimiento de derechos de población adolescente privada de libertad (Dote, Rojas y Rojo, 2020) señalan que en estos espacios se reproducen las condiciones que caracterizan a los centros penales para adultos en cuanto a las inadecuación de los espacios, la insuficiencia de recursos, la carencia de oportunidades para el desarrollo de actividades escolares, recreativas y deportivas lo que afecta negativamente en la experiencia educativa que conviene que desarrollen (aspecto ampliamente recomendada en las Reglas de Beijing) y en la salud física y mental que requieren. Asimismo, se observan deficiencias en cuanto al seguimiento y supervisión de los centros penales. Asimismo, otros estudios (Arbach, Orpianesi y Bobbio, 2021) reportan que la población adolescente privada de libertad presenta situaciones de comorbilidad
de salud mental dentro de las que sobresales; somatización, perturbación del pensamiento, síntomas depresivos, síntomas ansiosos y/o abuso de alcohol y drogas; lo que resulta preocupante si se toma en consideración que los servicios de salud a los que tienen acceso la población privada de libertad tienen restricciones.
Para el caso concreto de Costa Rica, la adolescencia privada de libertad está relacionada con el Programa Penal Juvenil (PPJ), en el cual se incorporan personas adolescentes de 12 años o más que se encuentren cumpliendo una pena mediante privación de libertad o mediante una sanción alternativa (se toma dentro de esta población a aquellas personas que cumplieron la mayoría de edad en el periodo de tiempo que comprende el tiempo de la sanción penal).
De acuerdo CNNA (2024) “[…] los casos terminados netos en materia penal juvenil, se tuvo, para el 2016, un total de 11 040 casos; para el 2017, un total de 10 183 casos y, para el 2018, un total de 10 101 casos. Esto representa una variación porcentual de -8,5 durante el periodo 2016-2018” (143). Por su parte, el Departamento de Investigación y Estadística del Instituto Nacional de Criminología, del Ministerio de Justicia y Paz, citado por EDNA (2024), durante los años 2020 y 2021 se registró un descenso en el número de personas dentro del Programa Penal Juvenil (PPJ); en lo referido a los casos nuevos de personas adolescentes en conflicto con la ley, en 2019, fueron 21,571, pero ese número se incrementó a partir del 2022. En cuanto a las personas con ejecución de sanciones por medidas alternas, según indica el EDNA (2024) el porcentaje ha sido consistentemente bajo, con menos del 10% desde el 2019 y para el año 2023 se redujo al 8.22%.
En lo que a justicia restaurativa se refiere, entendida como el “[…] instrumento que
contribuye a resolver los conflictos jurídicos generados por delitos o contravenciones cometidas por personas menores de edad, tiene como fin restaurar los daños a la víctima y procura la reinserción social de la persona ofensora, mediante soluciones integrales que, además, promuevan la cultura de paz” (CNNA, 2024, 144). Según el CNNA (2024) para el año 2022 se realizaron 376 reuniones restaurativas (88 reuniones más que en el 2021); de las cuales, 363 finalizaron con acuerdo y se registraron 1382 instituciones y organizaciones conformando la Red de Apoyo.
Es importante subrayar que los años en los que disminuyó la cantidad de personas dentro del PPJ correspondió a años mayormente vinculados con la pandemia lo que coincide, al menos para una parte del periodo, con las medidas de confinamiento social (lo que podría implicar menos posibilidades de exposición a condiciones en las que podría asumir conductas en contradicción con la ley). Esa información es importante contrastarla con lo señalado por la CEPAL (2020) respecto de que la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 exacerbó los factores de riesgo y deterioró los factores de protección en toda América Latina y el Caribe, lo que sugiere que, en general, la violencia contra niños y adolescentes aumentara en la región. Ese incremento en la violencia hacia la población adolescente quizá ha implicado, junto con otros aspectos relacionados con la agudización de la pobreza, algún efecto en la incidencia o incremento en el número de adolescentes en conflicto con la ley que se da años después.
Como parte de los desafíos en la atención integral de las personas adolescentes
privadas de libertad se destaca la necesidad de garantizar condiciones adecuadas
en los centros penales destinados para esta población (CNNA, 2021). Al respecto la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica (2020) indica que debido a la carencia de una política apropiada para la prevención hay una afectación negativa en cuanto a la reducción del hacinamiento y sobrepoblación en los centros penales, lo que obstaculiza el manejo adecuado de los casos y perjudica a los adolescentes en conflicto con la ley. Siguiendo con lo señalado por esa Defensoría, en el país se cuenta con un robusto marco normativo y programático para atender los aspectos relacionados con los derechos de niñez y adolescencia; no obstante aun hay aspectos relevantes por atender en cuanto a la ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas y planes de acción que garanticen el efectivo cumplimiento de esos derechos; situación que se evidencia en denuncias recibidas por esa defensoría relacionadas con violaciones a los derechos de esa población, situación que se torna más preocupante ante un panorama nacional que impresiona con riesgo de regresividad en cuanto a la inversión del presupuesto necesario para implementar las políticas públicas y programas relacionados con el sector de niñez y adolescencia y con el sector educación.
Desde el punto de vista presupuestario el informe 2019-2020 de la Defensoría de
los habitantes indica que tras una reforma constitucional que asigna el 8% del PIB al sector educación, se ha observado una disminución en la asignación presupuestaria decreciente y en el informe 2023-2024 señala la progresiva disminución de recursos asignados a niñez y adolescencia. Según los datos del EDNA (2024) la inversión pública en educación ha pasado del 7.3% en 2020 al 5.2% en 2024, lo que implica la menor asignación presupuestaria en los últimos 10 años, situación preocupante pues se constituye en una contradicción de difícil comprensión considerando los significativos efectos de la pandemia en términos de los procesos de aprendizaje del estudiantado y las realidades educativas que se expresan en los últimos informes del Estado de la Educación en Costa Rica.
Lo planteado por la Defensoría (2020) respecto de la necesidad de superar los desafíos para el cumplimiento de los derechos de la población adolescente en conflicto con la ley, parece tener una intención de abordaje importante, desde lo que se explícita en la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2036 con respecto la población juvenil en conflicto con la ley, mediante el trabajo que se propone con las familias de estos jóvenes así como con lo relacionado al mejoramiento de las condiciones de detención, el acceso a la formación académica, las oportunidades de contar con programas de desarrollo personal que les permita favorecer sus habilidades y facilitar la reintegración social para lo cual se establecen lineamientos, acciones estratégicas e indicadores (resultado 7 de la política).
Si bien lo planteado en la política es congruente con los principios orientadores y estándares internacionales con respecto de las condiciones de detención y el enfoque de reintegración social, parece necesario dar mayor énfasis al componente educativo pues la educación se constituye en un elemento vital para romper el círculo de reincidencia de actividades que riñen con la ley. Asimismo, es necesario impulsar acciones de mayor alcance que orienten al país hacia la atención de las situaciones estructurales que detonan la exclusión y los problemas sociales que están a la base de los procesos delictivos de la población adolescente. En ese sentido conviene recordar lo planteado por Burgos (1997);
El problema de la delincuencia juvenil en Costa Rica reclama una atención técnica y particularizada, con una propuesta coherente que integre planteamientos interdependientes de las políticas generales del Estado. La política criminal y sancionatoria dirigida a los adolescentes no puede ser vista en forma aislada, sino como parte de una política más general y social, puesto que sabemos que el fenómeno criminal es multifactorial, siendo por ello necesario tomar en cuenta otros aspectos que la generan y buscar otros instrumentos para enfrentarla (22).
Con respecto del acceso a la educación por parte de población privada de libertad en Costa Rica existen estudios que destacan la necesidad de desarrollar un modelo integral que atienda efectivamente las particularidades de la población juvenil en conflicto con la ley y que permita una efectiva reinserción social y romper el retorno a las mismas circunstancias conducentes a la institucionalización para lo cual el trabajo interdisciplinario e interinstitucional es fundamental (Mézerville, Murillo, Ovares y Ureña, 2021).
Ahora bien, aun cuando prevalecen desafíos relevantes en materia de cumplimiento de derechos de adolescencia privada de libertad es importante considerar que desde los instrumentos internacionales y nacionales con que se cuenta es posible identificar claramente un conjunto de indicadores que permitan monitorear y enfocar esfuerzos para la superación de esos desafíos, en este sentido es indispensable considerar los indicadores planteados por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (2012), en general, pero específicamente los relacionados con la impartición de la justicia.
En la tabla siguiente se presenta los principales indicadores que se pueden extraer de los instrumentos señalados y de las informaciones que las instituciones nacionales e internacionales han presentado en los últimos años.
Dimensión/ categoría | Indicadores/aspectos * |
Justicia penal juvenil y garantías procesales | Existencia y aplicación de protocolos orientados a garantizar la presunción de inocencia y garantías procesales para menores. |
Porcentaje de adolescentes en conflicto con la ley que con efectivo acceso a justicia y debido proceso. | |
Proporción de adolescentes con representación legal efectiva, acceso a defensoría pública y cumplimiento de tiempos procesales. | |
Sistema de justicia adaptado/ Procedimientos judiciales especializados. La existencia de tribunales o jueces especializados en la atención de casos de menores, que comprendan las particularidades de su situación y necesidades. | |
Existencia y cumplimiento de protocolos para garantizar la prevalencia del interés superior del niño en decisiones administrativas y judiciales. | |
Porcentaje de adolescentes en conflicto con la ley que poseen acceso efectivo a la información. | |
Prohibición de penas severas como cadena perpetua o pena capital. | |
Aplicación de medidas no restrictivas de libertad y uso de la privación de libertad como última opción. | |
Existencia y funcionamiento de mecanismos de supervisión y seguimiento en procesos judiciales. | |
Empleo de protocolos para asegurar la protección contra la estigmatización y trato discriminatorio. | |
Porcentaje de personal que cuenta con la idoneidad y la especialización en justicia penal juvenil. |
Dimensión/ categoría | Indicadores/aspectos * |
Personal capacitado y suficiente | Cantidad de capacitaciones al personal en materia de derechos humanos y de derechos para niñez y adolescencia. |
Existencia de oferta permanente de formación continua de jueces, fiscales y defensores en derechos de la infancia y en enfoques sensibles a las necesidades de las personas menores de edad para garantizar un trato justo y equitativo. | |
Condiciones de detención | Existencia y aplicación de protocolos y supervisión en la seguridad para la prevención y abordaje del abuso y la violencia física, psicológica o sexual. |
Porcentaje de adolescentes con acceso a espacios adecuados según estándares internacionales. | |
Existencia de infraestructura adecuada: Disponibilidad de instalaciones cumplen requisitos de dignidad (luz, ventilación, áreas de recreación, privacidad). | |
Existencia de condiciones adecuadas de higiene y saneamiento: acceso a agua potable, duchas, y sanitarios adecuados. | |
Existencia de espacio personal para cada persona adolescente privada de libertad. | |
Diferenciación del sistema de adultos y justicia penal juvenil. | |
Existencia, aplicación y efectividad de protocolos para garantizar seguridad y prevención de violencia intra-carcelaria. |
Dimensión/ categoría | Indicadores/aspectos * |
Acceso a educación, la formación integral y la recreación | Proporción de adolescentes inscritos en programas educativos: de educación básica, media o formación técnica dentro del centro. |
Permanencia y culminación de los procesos educativos. | |
Existencia y pertinencia de materiales y espacios educativos: aulas, bibliotecas y áreas recreativas. | |
Desarrollo de programas de formación en habilidades para la vida. | |
Porcentaje de adolescentes que participan en programas de desarrollo personal y de habilidades para la vida. | |
Aplicación de apoyos emancipadores para facilitar los procesos de aprendizaje para adolescentes con barreras, discapacidad o necesidades particulares para el aprendizaje. | |
Evaluación de programas educativos: adaptabilidad, asequibilidad y desempeño académico. | |
Certificación de estudios sin estigmatización. | |
Existencia de oferta de actividades recreativas, culturales y deportivas. | |
Salud física, mental y sexual | Relación entre profesionales de salud (médicos, psicólogos) y población atendida. |
Acceso a servicios básicos de salud: atención médica y psicológica periódica. | |
Porcentaje de adolescentes privados de libertad que cuentan con evaluación de necesidades individuales y atención psicosocial y plan de atención. | |
Autonomía y derechos en temas de sexualidad. | |
Porcentaje de adolescentes privados de libertad que cuentan con condiciones de salud y nutrición adecuadas. |
Dimensión/ categoría | Indicadores/aspectos * |
Interinstitucionalidad e interdisciplinariedad | Existencia y aplicación de mecanismos de coordinación entre instituciones educativas y de salud para proveer servicios requeridos. |
Existencia y operacionalización de políticas públicas coordinadas para rehabilitación y bienestar. | |
Existencia y aplicación de estrategias de abordaje interdisciplinarios orientados hacia la reintegración social. | |
Participación y autonomía progresiva | Disponibilidad de espacios para que las personas adolescentes privadas de libertad puedan expresarse y tomar decisiones. |
Porcentaje de personas adolescentes privadas de libertad que perciben contar con espacios de participación en decisiones judiciales y de vida dentro del centro. | |
Mecanismos que permitan el reconocimiento de la autonomía progresiva de las personas adolescentes. | |
Evaluación y monitoreo | Existencia y aplicación de sistemas de supervisión y monitoreo de condiciones y cumplimiento de derechos en los centros. |
Existencia y aplicación de protocolos para la evaluación y seguimiento continuo de adolescentes y programas desarrollados. | |
Existencia y efectividad de mecanismos para el establecimiento de quejas y sugerencias. | |
Impacto social de programas educativos: cambios en tasa de reincidencia. |
Dimensión/ categoría | Indicadores/aspectos * |
Reinserción social y seguimiento post-liberación | Existencia y efectividad de programas de rehabilitación, reinserción social y resocialización. |
Efecto resocializador de los centros penitenciarios. | |
Seguimiento y apoyo post-liberación. | |
Procesos para promover la reunificación familiar y derecho a la comunicación con familiares. |
* Cada uno de esos indicadores se deben adaptar y especificar por un periodo de tiempo determinado, desglosar en aspectos observables y determinar las evidencias pertinentes para la comprobación de cumplimiento.
Ese conjunto de indicadores permite no solo medir los aspectos relacionados con el cumplimiento de derechos de la población adolescente privada de libertad y focalizar la atención para solventar los vacíos o déficit más relevantes en relación con las condiciones de existencia y de recuperación de estas personas. En ese sentido, esos indicadores se alinean con lo señalado por la Defensoría de los habitantes en el informe 2019-2020 respecto de la necesidad de mejorar las condiciones de detención para esa población, la atención del fenómeno de la violencia intracarcelaria y el fortalecimiento de las oportunidades educativas para esa población, así como la capacitación a jueces y personal a cargo de los procesos relacionados con la justicia penal juvenil.
[…] en el 2016 el ILANUD brindó asistencia técnica a las autoridades del Ministerio de Justicia y Paz con el objetivo de reducir la tasa de reincidencia de la población en conflicto con la ley penal. Como resultado de esta línea de trabajo se dio el planteamiento de un modelo de atención penitenciaria que persigue una efectiva inserción social de la población en conflicto con la ley penal mediante la formación laboral, el acompañamiento profesional en áreas vulnerables que llevaron a las personas a su condición de prisionalización; la integración al medio social mediante el acercamiento e involucramiento de la familia y la construcción de redes de apoyo conformadas por integrantes de la sociedad civil que brinden soporte y acompañamiento que complementan lo actuado por la Administración en etapa postpenitenciaria. El Modelo de gestión penitenciaria propuesto para el funcionamiento de las Unidades de Atención Integral (UAI) en Costa Rica, encuentra sustento en los enfoques de derechos humanos, diferenciado, de inclusión social y de género, además de estar alineado con los compromisos internacionales materia penitenciaria. Se orientó a disponer de oportunidades para favorecer la inserción laboral y social para las personas privadas de libertad implicando una gestión formativa y productiva que se acerque a la del entorno social, procurando el desarrollo herramientas y de
Además de lo mencionado conviene fortalecer el desarrollo de iniciativas enfocadas en la reinserción el acompañamiento una vez que egresan del sistema penitenciario, que para el caso de Costa Rica de acuerdo con lo señalado por el ILANUD han existido algunas experiencias que conviene evaluar y retomar:
actividades profesionales con un abordaje integral de las vulnerabilidades que se encuentran a la base del delito y la constitución de redes de apoyo comunitario constituidas para favorecer el soporte y respaldo postpenitenciario (ILANUD, s.f., 4).
El derecho de cada niño, niña o adolescente de crecer dentro de un entorno familiar es uno de los derechos fundamentales y las afectaciones que estar privado de un medio familiar se constituye en una condición de vulnerabilidad que además representa afectaciones negativas en su bienestar social y emocional. De allí que uno de los aspectos nacionales que mantiene ocupadas a las instituciones del sector que trabaja con niñez y adolescencia sea precisamente el tema de proporcionar entorno familiar a quienes no lo poseen o a quienes por diferentes razones no pueden estar en la familia de la cual proceden.
Según la Defensoría de los habitantes (2020) en Costa Rica se han realizado esfuerzos por desinstitucionalizar a los niños, niñas y adolescentes y garantizar el derecho a crecer en una familia (72% de los niños, niñas y adolescentes en condición de protección están ubicados en hogares solidarios). En el informe de esa defensoría del 2022 se indica que se han detectado deficiencias en la atención y en las condiciones de vida en algunos de los centros o albergues destinados para la ubicación de las personas menores de edad privados de medio familiar. Sobre este particular en la Política de Niñez y Adolescencia 2024 2036 se señala como un aspecto fundamental garantizar el bienestar y atender las necesidades de la niñez privada de medio familiar, para lo cual se propone la implementación del Programa Acogimiento Familiar mediante el cual se busca proporcionar entorno familiar temporal a las personas menores de edad que no viven en familias.
Además del trabajo en la ubicación de las personas menores de edad en entornos
familiares, la política considera las condiciones de vida en los albergues u otros espacios que funcionen como hogares de acogida, como un aspecto altamente relevante dentro de las que se debe propiciar el adecuado desarrollo físico, emocional y social los niños, niñas y adolescentes para lo cual se debe garantizar no solo el acceso a la educación, atención médica y a las actividades recreativas apropiadas para la edad sino también la implementación de medidas para proteger a esas personas de cualquier forma de violencia, abuso o negligencia.
En la siguiente tabla se ofrecen los indicadores elementales para valorar las condiciones relacionados con derechos de niños, niñas y adolescentes privados de medio familiar.
Dimensión/ Categoría | Indicadores/aspectos * |
Condiciones de cuidado alternativo | Porcentaje de hogares de acogida o instituciones que cumplen estándares de calidad establecidas por el ente rector en materia de niñez y adolescencia. |
Entorno cumple con lineamientos establecidos para garantizar la dignidad, el bienestar, la protección y la estabilidad emocional. | |
Condiciones de alojamiento | Calidad de las instalaciones, incluyendo aspectos de infraestructura, así como la higiene, el espacio disponible, la seguridad y el ambiente general, para asegurar que sean adecuados para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. |
Atención psicológica y de salud | Disponibilidad y calidad de la atención médica y psicológica que reciben los niños, niñas y adolescentes. |
Proporción de niños/as y adolescentes que reciben atención psicológica regular. | |
Existencia, aplicación de protocolos de respuesta a las necesidades emocionales derivadas de la separación familiar. | |
Educación y desarrollo | Porcentaje de niños/as inscritos en la escuela/ Tasa de cobertura educativa para esta población en cuidados alternativos. |
Acceso a programas de formación y acompañamiento que les permitan continuar su desarrollo académico y personal. | |
Protección | Trato con dignidad y respeto. |
Existencia, aplicación y efectividad de protocolos para la prevención y abordajes de cualquier forma de abuso o negligencia. | |
Existencia y efectividad de los sistemas de supervisión constante de las condiciones en los albergues u otros espacios que funcionen como hogares de acogida. | |
Programa de capacitación para el personal que trabaja con niños, niñas y adolescentes privados de medio familiar (incluyendo personas de los hogares de acogida). |
Dimensión/ Categoría | Indicadores/aspectos * |
Actividades recreativas y de desarrollo personal | Existencia de una oferta de actividades recreativas y programas que fomenten el desarrollo social y emocional de los menores, contribuyendo a su bienestar general. |
Participación en Decisiones | Mecanismos y estrategias para que las niñas, niños y adolescentes tengan oportunidad de expresar sus opiniones y participar en decisiones que les afecten, promoviendo su derecho a ser escuchados. |
Derecho a la reunificación familiar | Tasa de reunificación exitosa en un período determinado. |
Programas específicos destinados a la reintegración del niño/a o adolescente con su familia de origen (cuando la situación que motivó la separación de la persona menor de edad del medio familiar lo permita o se hayan subsanados los aspectos que motivan la separación). | |
Incremento en la tasa de reunificación familiar o acceso a cuidados alternativos adecuados. | |
Transición a la vida adulta | Programas de preparación para la vida independiente que se ofrecen a los adolescentes que están por salir de los albergues, asegurando que tengan las habilidades y recursos necesarios para una transición exitosa hacia la vida adulta y fuera del albergue. |
Monitoreo y Evaluación | Mecanismos de monitoreo y evaluación que permitan supervisar las condiciones de vida en los albergues y el cumplimiento de los derechos de las personas menores de edad, así como la efectividad de los programas implementados. |
* Cada uno de esos indicadores se deben adaptar y especificar por un periodo de tiempo determinado, desglosar en aspectos observables y determinar las evidencias pertinentes para la comprobación de cumplimiento.
El cumplimiento de derechos en niñez y adolescencia privada de libertad y de medios familiares implica un asunto nacional de corresponsabilidad entre los distintos actores sociales. No obstante, el Estado tiene una fuerte responsabilidad y le compete proporcionar los recursos idóneos y suficientes para que las instituciones del sector desplieguen todas las acciones necesarias para asegurar esos derechos a todas las
personas menores de edad, pues por su condición a menudo ven violentados sus derechos en especial los relacionados con la protección, la educación y a poseer un entorno seguro; siendo que el estar en conflicto con la ley o carecer de medio familiar muchas veces esta aparejado de exclusión, pobreza y carencia de oportunidades.
Hasta el momento los Estados latinoamericanos y concretamente el Estado costarricense no ha logrado erradicar las violencias estructurales que están a la base de la delincuencia. Siendo que se continua con ausencia de una política criminal integral enfocada en la disminución y erradicación de los factores que dan origen a la delincuencia mediante acciones consistentes en el campo social, económico, educativo y de atención a la población juvenil y muy especialmente a quienes están en condiciones de mayor vulnerabilidad en situación de exclusión social.
De acuerdo con la Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia 2024-2036 interesa continuar desarrollando esfuerzos para que esas personas tengan acceso a servicios básicos esenciales como son salud, educación y alimentación, así como la disposición de programas efectivos para la reinserción social.
El desafío más relevante para Costa Rica con respecto de niñez y adolescencia consiste en erradicación la participación de estar personas en actividades que riñen con la ley y asegurar su desarrollo integral dentro de estructuras familiares adecuadas. Pues aún cuando se trabaje para mejorar los indicadores de detención la participación de adolescentes en procesos delictivos representa una clara ineficacia de la respuesta estatal y abordaje desde una perspectiva integral en la que se contemple la complejidad y multicausalidad del fenómeno. Desde esa perspectiva los procesos preventivos continúan siendo necesarios junto con procesos que aborden las causas subyacentes del problema.
Arbach, K., Orpianesi, C., y Bobbio, A. (2021). Salud mental del adolescente y ley penal. Psicodebate,
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Burgos, A. (1997). Populismo punitivo y su impacto en la ejecución de la justicia penal juvenil en Costa Rica. Revista Digital de la Maestría en Ciencias Penales, 6, 1-30. Recuperado de www. revistacienciaspenales.ucr.ac.cr.
Castro, Á. (2021). Tratamiento especial en la ejecución de la pena de privación de libertad para juveniles en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos y dogmática. Derecho PUCP, 86, 251-289. Accesible en: http://www.scielo.org.pe/pdf/derecho/n86/0251-3420-derecho-86-251. pdf
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